Plantea Morena extinción de Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para cambiarle el membrete, remover a actuales magistrados y poner otros a modo

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El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la LXVI Legislatura del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa para extinguir el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) y crear en su lugar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).

La iniciativa, que propone derogar, adicionar y reforma la fracción VI del Artículo 67 de la Constitución Política del estado, señala que con la creación del TRIJAEV “se reforzará (sic) las magistraturas integrantes a fin de dotarles de servidores especializados, profesionales y comprometidos con el actuar jurisdiccional”.

Por tal motivo, Gómez Cazarín propone una integración de cinco magistraturas, una de éstas, especializada en responsabilidad administrativa de servidores públicos. Además, la regionalización de tres salas unitarias ubicadas en el norte, centro y sur del estado, que conocerán de asuntos en primera instancia.

Asimismo, se plantea la conformación de un Pleno integrado por las cinco magistraturas como máximo órgano de decisión, una Sala Superior integrada por tres de esas cinco magistraturas; una en calidad de presidenta; la otra, especializada en materia de responsabilidad administrativa y otra que permitirá la participación de los demás miembros del Tribunal, funcionando con las que correspondan a la zona norte, centro y sur, y que conocerá de asuntos en segunda instancia y cuyas decisiones se tomarán de manera colegiada.

Sin embargo, la iniciativa de marras no propone ningún cambio de fondo, más que el relevo de los actuales integrantes del TEJAV, que fueron nombrados por un periodo de siete años y cuyo periodo concluye en 2024.

La iniciativa de Gómez Cazarín señala que el perfil idóneo para el TRIJAEV es el de “honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad (sic) y organización, bajo el supuesto del conocimiento pleno del régimen constitucional, de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública”.