Tras documentar la existencia de acoso sexual y laboral así como el maltrato en la Secretaría de Gobierno de Veracruz en contra de dos trabajadoras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación No. 002/2022 dirigida al secretario de Gobierno Eric Cisneros, la contralora general del Estado Mercedes Santoyo y el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued.
La Comisión encontró que efectivamente existió hostigamiento sexual por parte de un funcionario de la Secretaría de Gobierno, que hubo obstaculización del acceso a la justicia en sede administrativa de la Contraloría General del Estado, así como omisiones en la atención por parte del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa
La CEDHV puntualizó que la garantía y respeto de los derechos humanos es una obligación a cargo de todos los operadores del Estado. “De tal forma, resulta intolerable que sean éstos quienes favorecen la perpetuación e impunidad de hechos que los violentan y dañan en lo más profundo a las víctimas y sus familiares”.
“Esta CEDHV rechaza enérgicamente las conductas que violentan la dignidad de las mujeres y la falta de una justicia pronta y expedita que reivindique el valor que les ha sido arrebatado. Tales actos no deben ser tolerados ni permitirse su repetición. Por ello, las autoridades responsables están obligadas a investigarlos, sancionarlos y reparar integralmente los daños”, enfatiza el documento.
El organismo que encabeza Namiko Matzumoto sentenció que el caso planteado en la Recomendación “debe llevar a la reflexión sobre la violencia y desigualdad que agravia a las mujeres en el ámbito público, pues el haber alzado la voz para clamar por justicia las llevó a padecer victimización secundaria y violencia institucional. Su resistencia emocional fue quebrantada y el impacto llegó a sus familiares. Desde la primera violación a sus derechos han pasado de una autoridad a otra para obtener justicia y hasta el momento la impunidad prevalece. Por todo esto, este Organismo se une a la exigencia para que cesen las violaciones y se reparen los daños”.
En la Recomendación se pide que se inicie un procedimiento disciplinario y/o administrativo en contra de todos los servidores públicos involucrados en las violaciones acreditadas a los derechos humanos de las agraviadas, que éstas sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, accedan a los servicios de atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas, al suministro de medicamentos y a los servicios de asesoría jurídica, así como pagarles una compensación de acuerdo con la cuantificación que emita la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
La Secretaría de Gobierno (Segob) deberá compensar a las víctimas por las afectaciones provocadas en su integridad personal (física y psíquica) y por el daño moral directamente relacionado con la violencia sexual sufrida en el ámbito laboral, incluyendo los gastos que sean puntualizados y/o comprobados como aquellos erogados para atender su salud física y psicológica, y la de su familia, con motivo de la violación a sus derechos humanos, así como pagar una compensación por el daño moral causado con motivo de las falencias atribuibles a los servidores públicos involucrados y a la entonces Subcomisión para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Segob, constitutivas de violencia institucional y revictimización.
La Contraloría General del Estado deberá compensar a las afectadas por el daño moral causado por la revictimización y violencia institucional acreditadas que derivaron de la demora, omisiones e irregularidades observadas por las distintas áreas que la conforman y resultaron involucradas en la investigación y substanciación de los procedimientos impulsados por las víctimas, relativos a los hechos de violencia sexual y a las omisiones del Órgano Interno de Control de la Segob, así como pagar una compensación por el daño material que le fue generado al tener que contratar un abogado particular que la representara en las audiencias realizadas ante esa Contraloría.
La CEDHV también ordenó a la Segob realizar un acto en conjunto con la Contraloría mediante el cual ofrezcan una disculpa a las víctimas, la cual deberá hacerse de manera privada para proteger su identidad e integridad personal, aceptando la existencia de los hechos que violentaron sus derechos humanos y asumiendo su responsabilidad y compromiso para reparar los daños de manera integral.
Asimismo, el Ayuntamiento de Xalapa deberá realizar las gestiones necesarias ante la CEEAIV para que una de las víctimas acceda al servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializadas, así como al suministro de los medicamentos que requiera, a fin de concluir las terapias y/o tratamientos necesarios para la rehabilitación de los daños originados por la violación a sus derechos humanos.
También deberá capacitar al personal del Instituto Municipal de las Mujeres involucrados en materia de derechos humanos, especialmente en lo relativo al derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las autoridades involucradas disponen de un plazo de 15 días hábiles para manifestar si aceptan o no la Recomendación. En caso de aceptarla, disponen de 15 días hábiles adicionales para hacer llegar a la CEDHV las pruebas que corroboren su cumplimiento.
De no recibirse respuesta o de no ser cumplida la Recomendación en los términos planteados y dentro del plazo señalado, deberán fundar, motivar y hacer pública tal negativa. En ese supuesto, la Comisión Estatal estará en posibilidades de solicitar su comparecencia ante el H. Congreso del Estado de Veracruz, a efecto de que expliquen el motivo de la negativa.
