El INE impondrá medidas cautelares contra el secretario de Gobernación Adán Augusto López y a otros 10 servidores públicos y gobernadores, por lo que se les ordena no difundir la revocación de mandato.
El uso de recursos públicos, como la utilización de un avión militar para viajar a Coahuila y Sonora para actos proselitistas serán analizados de fondo y la Sala Especializada del Tribunal Electoral resolverá.
La acción administrativa también se extenderá al líder nacional, Mario Delgado, porque, al igual que los funcionarios, la ley prohíbe a los partidos políticos difundir la consulta del 10 de abril, pero no han atendido la norma.
Esta tarde, la Comisión de Quejas del INE sesionará para revisar el proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, en la que plantea aplicar medidas cautelares, en la modalidad de tutela preventiva, para que los funcionarios y líderes de partido guarden silencio en los próximos días.
Además de Adán Augusto López, en la lista están los secretarios de Energía, Rocío Nahle; de Cultura, Alejandra Frausto; de Economía, Tatiana Clouthier; el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía -quien pidió licencia-; y el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
Así como los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García; y de Sonora, Alfonso Durazo. Y el secretario de Seguridad del Gobierno veracruzano, Hugo Gutiérrez.
«Se ordena (a estos funcionarios) que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de revocación de mandato, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten emitir durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato.
«Y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana», indica el acuerdo del que REFORMA tiene copia.
Se les dará tres horas a los funcionarios que subieron a sus redes sociales fotografías o videos sobre el apoyo al Presidente o al proceso de revocación para que las borren.
Todos estos funcionarios participaron, de manera separada, en eventos en los que el punto central fue la revocación de mandato.
