Por Emilio Cárdenas Escobosa
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
Durante la sesión pública de este día, el Pleno del máximo tribunal del país analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, mediante la cual impugnó las reformas y adiciones al artículo 331, relativo a ultrajes a la autoridad, así como a las fracciones 1, 2 y 4, correspondientes a las agravantes de este delito, contenidas en el Código Penal de Veracruz.
Como se recordará, a partir de estas reformas aprobadas por el Congreso del Estado en marzo del año pasado se incrementó la penalidad del delito de ultrajes a la autoridad, lo que generó un intenso debate respecto a las afectaciones a la libertad de expresión y lo confuso de la redacción de aquellas adiciones que dejaba al criterio de un juez la posibilidad de cometer excesos en su aplicación.
Temor que se hizo realidad con la detención y retención ilegal de un grupo de jóvenes acusados de ese delito y que a la postre debieron ser liberados por orden de un juez federal, y que abrió un conflicto con el senador Ricardo Monreal que tomó en sus manos este caso. Lo que también derivaría en la detención, para muchos en venganza, del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, acusándolo de la autoría intelectual del crimen de un candidato de Movimiento Ciudadano ocurrido el año pasado, imputación que lo mantiene aún en prisión.
Y recordamos que estos hechos dotaron de combustible a asociaciones de abogados, políticos de todos los partidos de oposición y grupos de la sociedad civil a unirse en el llamado Movimiento por la Justicia que enarbola la bandera de la derogación del delito y de que se libere a cientos de detenidos injustamente por este delito.
Pero el problema para el gobierno de Cuitláhuac García comenzó realmente cuando la CNDH emite una recomendación para que se libere a los jóvenes injustamente detenidos, se sancione a los policías y funcionarios de la Fiscalía y la Judicatura involucrados en la arbitrariedad, y, lo más importante, se derogue el delito de ultrajes a la autoridad.
Con esta recomendación comenzó a correr el plazo para que el Congreso de Veracruz tomara cartas en el asunto, al tiempo que inició la estrategia, si así podemos llamarle, de parte del gobernador para alargar el asunto, lo que lo llevó a desestimar todos los argumentos, a descalificar a su opositores, a fustigar a periodistas que lo interrogaban sobre el tema y a sobrerreaccionar a cuanto se dijera o se apartara de su visión.
Este estado de ánimo lo llevó a enviar una carta a la Suprema Corte para exponer sus argumentos del por qué no era viable derogar el delito ya que -dijo-se crearía un vacío legal que afectaría a los cuerpos policiacos quienes quedarían a merced de los delincuentes que no se podrán sancionar con otros delitos, y como parte de esta estrategia de defensa de la postura gubernamental se decidió enviar una iniciativa para que la LXVI Legislatura derogara parcialmente lo que la CNDH pidió, lo que aconteció en sesión extraordinaria celebrada este domingo 27. Acción legislativa de la mayoría morenista que para muchos fue una mera simulación.
No obstante, durante la sesión del pleno de este lunes en la Suprema Corte se informó que el Gobierno de Veracruz notificó sobre la derogación de dos fracciones de este delito en el Congreso local en sesión celebrada, como le digo, el pasado domingo, y no obstante lo anterior, los ministros coincidieron en que la derogación era irrelevante porque el tipo penal se mantuvo.
Los ministros argumentaron que se amenaza la libertad de expresión y que incluso una publicación en redes sociales podría ser considerada como afectación al policía o servidor público y en los hechos se criminaliza cualquier amenaza o agresión, lo que genera un efecto inhibitorio ante el miedo de que cualquiera por expresar sus opiniones sea sujeto de la acción penal del estado. Y ello, concluyeron, conculca la libertad de expresión y permite la violación de los derechos humanos, por lo que, sin más, se acredita su inconstitucionalidad.
Hasta ahí la crónica de una derrota jurídica anunciada, la enésima que carga a cuestas el Congreso local y el gobierno de Cuitláhuac García.
Pero lo que no se entiende es la tozudez de buscar ahora que se legisle para incorporar una nueva figura delictiva para volver a poner en vigor un nuevo tipo de delito de ultrajes a servidores públicos o policías, como anunció este mismo lunes el mandatario veracruzano.
Por otro lado, y en un tema que guarda estrecha relación con el anterior, no puede dejar de señalarse lo dicho por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez de que no aceptarán la recomendación, otra, la segunda que recibe en menos de dos meses, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por actos de tortura y abuso sexual en contra de July “N” de manos de policías ministeriales, una mujer a quien se le acusa de presuntamente haber participado en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid.
El gobernador negó enfáticamente en una conferencia de prensa que personal de la Fiscalía del Estado haya participado en esos ilícitos y que estos hechos acontecieron fuera de territorio veracruzano, pese a que en su momento la propia FGE emitió información oficial que daba cuenta de que policías ministeriales de la entidad cumplimentaron en la Ciudad de México una orden de aprehensión en este caso y que trasladaron a una presunta implicada en los hechos a la ciudad de Xalapa.
Según el gobernador veracruzano la recomendación de la CNDH no tiene argumentos suficientes para que el estado la acepte, por lo que se dijo dispuesto a acudir a comparecer al Senado tras rechazar la recomendación.
Y no tuvo que ir al Senado por la respuesta: la Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó la postura y declaraciones “estigmatizantes y sin perspectiva de género” del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez sobre este caso de las agresiones sexuales y tortura, y que respecto a la recomendación a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, la CNDH aseguró tener evidencias de que nueve personas adscritas a la FGE participaron en el aseguramiento y posterior traslado de July “N” al estado de Veracruz.
La CNDH puntualizó que la Recomendación 51VG/2022 busca que la víctima, además de acceder a una reparación integral del daño por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, se le proteja y garantice su derecho de acceso a la justicia y que las autoridades del estado de Veracruz involucradas tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse en un marco de respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los más altos instrumentos nacionales e internacionales en la materia.
Otra derrota y una nueva exhibida al gobierno de Veracruz.
Como colofón de estas historias caben las siguientes interrogantes:
¿Por qué insistir en llevar la contraria a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a una recomendación, o más bien dos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Hasta dónde se pretenderá llegar para defender lo indefendible?
¿Qué le dirán sus asesores legales al mandatario veracruzano? ¿O ni los ve ni los oye? ¿O hay cercanos colaboradores que no le dicen la verdad y solo lo empinan?
¿Se puede mantener a toda costa el principio de autoridad, aún por encima del estado de derecho?
El gobernador veracruzano se encuentra, otra vez, en el ojo del huracán.
