*En entrevista para el programa La Clave, Levy y Heaven Flores denunciaron irregularidades, presuntos abusos de autoridad y desacato a resoluciones federales por parte de la Fiscalía General del Estado y un juez de control de Xalapa. Acusan que sus padres permanecen encarcelados por una imputación de tentativa de feminicidio derivada de una disputa entre vecinos ocurrida en agosto de 2023
Lo que comenzó como un conflicto vecinal en agosto de 2023 terminó convirtiéndose en un presunto caso de fabricación de delitos, manipulación judicial y abuso de autoridad que mantiene a una pareja veracruzana privada de su libertad desde hace casi tres años, a pesar de que sus familiares aseguran contar con pruebas periciales y resoluciones federales que favorecen su defensa.
Así lo denunciaron Levy y Heaven Flores, hijos de los afectados, durante una entrevista con los periodistas Aurelio Contreras Moreno y Mónica Camarena en el programa La Clave, donde expusieron las irregularidades que, aseguran, han cometido funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial de Veracruz para mantener encarcelados a sus padres.
De acuerdo con el testimonio de los jóvenes, los hechos se remontan a agosto de 2023, cuando su padre fue agredido por un vecino y su madre intervino para intentar separarlos, siendo también objeto de una agresión.
Sin embargo, lo que inicialmente derivó en denuncias cruzadas terminó con una imputación por tentativa de feminicidio contra sus padres, mientras que la denuncia presentada por su familia no ha tenido avances equivalentes.
Levy aseguró que desde el inicio del procedimiento se cometieron diversas violaciones procesales, entre ellas la emisión de una orden de aprehensión sin que previamente se hubiera permitido declarar a los acusados, además de deficiencias en su representación jurídica y la desestimación de pruebas favorables a la defensa.
Uno de los aspectos más graves de su denuncia es el presunto incumplimiento de un amparo federal obtenido en julio de 2026, cuya resolución, según explicaron, no ha sido atendida debidamente por las autoridades judiciales locales.
Señalan a exfuncionarios y abogados por presunta manipulación del proceso
Durante la entrevista, Levy Flores denunció la posible existencia de una red de relaciones personales y profesionales entre abogados, exfuncionarios de la Fiscalía y antiguos integrantes del Poder Judicial que, a su juicio, habría influido en el desarrollo del procedimiento penal.
Entre las personas mencionadas durante la transmisión se encuentran la exfiscal Ludivina García Rosas y los abogados Argel Humberto Aguirre García y José Clemente Zorrilla Rostro, a quienes los denunciantes atribuyen vínculos personales o profesionales que consideran relevantes para entender el desarrollo del caso.
También hicieron señalamientos contra la fiscal Adela Hernández Alvarado y el juez de control Óscar Hernández Carmona, por las decisiones adoptadas durante el procedimiento.
Los jóvenes sostuvieron que las actuaciones de las autoridades han favorecido sistemáticamente a la contraparte, mientras que los recursos y pruebas presentados por su familia no han recibido la atención correspondiente.
Estas acusaciones corresponden al testimonio de los entrevistados y requieren ser investigadas por las autoridades competentes. No se expusieron durante la entrevista resoluciones que acrediten judicialmente la existencia de una red de corrupción.
De prisión domiciliaria a la cárcel por argumentos insólitos
Uno de los episodios más cuestionados durante la entrevista fue la revocación de la medida cautelar de prisión domiciliaria que inicialmente se había concedido a los padres de Levy y Heaven.
Según relataron, durante una audiencia se utilizaron argumentos relacionados con las condiciones del domicilio, como la falta de un baño disponible para los policías encargados de la vigilancia y la ubicación de la basura, para justificar el cambio de medida cautelar.
Los jóvenes consideraron que esas razones resultan desproporcionadas e insuficientes para mantener a dos personas privadas de su libertad, particularmente cuando, según afirmaron, existen dictámenes periciales que desvirtúan los señalamientos de riesgo de fuga y comportamiento inadecuado.
En ese contexto, cuestionaron que la prisión preventiva se haya convertido en una especie de pena anticipada, sin que exista una sentencia condenatoria definitiva.
Asimismo, manifestaron preocupación por el uso de una imputación relacionada con violencia de género en un conflicto que, de acuerdo con su versión, tuvo su origen en una agresión contra ambos padres.
Levy sostuvo que la utilización indebida de figuras jurídicas creadas para proteger a las mujeres puede perjudicar la credibilidad de los mecanismos de protección de las verdaderas víctimas de violencia de género.
Casi tres años separados y con afectaciones a su salud
Más allá de las irregularidades judiciales denunciadas, Levy y Heaven describieron el impacto que el encarcelamiento ha tenido sobre su familia.
Explicaron que sus padres permanecen recluidos por separado y únicamente pueden encontrarse durante las visitas dominicales, por aproximadamente cuatro horas.
La situación ha provocado un deterioro en la salud física y emocional de su madre, mientras que su padre intenta mantener la esperanza de recuperar su libertad.
Los tres hermanos han tenido que reorganizar su vida para acompañar a sus padres, atender sus necesidades y sostener una defensa jurídica que se ha prolongado durante casi tres años.
También denunciaron amenazas y actos de hostigamiento contra su familia, algunos de los cuales, aseguraron, han sido documentados e incorporados a los expedientes correspondientes.
Piden intervención federal y de Rocío Nahle
Los entrevistados explicaron que han acudido a distintas instancias estatales y federales para denunciar las presuntas irregularidades, sin obtener hasta ahora una solución efectiva.
Entre las gestiones mencionaron acercamientos con representantes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde donde se les ha señalado la autonomía de las autoridades estatales en materia de procuración e impartición de justicia.
No obstante, insistieron en que la autonomía judicial no puede utilizarse como justificación para incumplir resoluciones emitidas por tribunales federales.
La familia solicitó la intervención de las instancias federales competentes y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que se revisen las actuaciones de la Fiscalía y las dos carpetas de investigación originadas por el conflicto.
También exigieron que se investiguen las presuntas irregularidades atribuidas al juez de control y a los funcionarios ministeriales involucrados, así como el cumplimiento de las determinaciones federales relacionadas con el caso.
Levy explicó que sus abogados mantienen recursos ante órganos jurisdiccionales federales y esperan una resolución que permita corregir las irregularidades denunciadas.
Aclaró que la familia no busca privilegios ni un trato especial, sino que las autoridades actúen con imparcialidad, valoren las pruebas y respeten las garantías procesales de sus padres.
Durante la entrevista, Aurelio Contreras Moreno cuestionó la posible existencia de un esquema de complicidades entre integrantes de la Fiscalía, abogados particulares y funcionarios judiciales, ante la acumulación de irregularidades relatadas por los jóvenes.
Por su parte, Mónica Camarena puso énfasis en las consecuencias humanas del encarcelamiento, particularmente en el deterioro de la salud de la madre y el desgaste emocional de toda la familia.
Ambos periodistas expresaron su solidaridad con los entrevistados y señalaron que La Clave mantendrá abierto el espacio para dar seguimiento al caso.