Por Sandra Luz Tello Velázquez
En las calles y dependencias de Puebla hay un aire denso, una especie de polvo acumulado sobre los mostradores y los expedientes que huelen a trámite, a un profundo y antiguo desamparo. Caminar por los pasillos de la administración pública local es presenciar cómo el compromiso con la comunidad se evapora entre la frialdad de las firmas oficiales y el silencio cómplice acerca de las arcas presupuestales. La recurrente historia de las auditorías opacas, los desvíos de fondos, la aplicación discrecional de la ley y el peculado en nuestra entidad se percibe con el peso de una narrativa trágica, el murmullo de ausencias donde los recursos públicos terminan desvaneciéndose en las sombras del privilegio.
Sin embargo, esta mecánica de despojo y avaricia no nació en el presente, ni constituye un síntoma insular. El retrato del abuso del poder ya había sido esbozado, con una nitidez profética y mordaz perspicacia popular, en las estrofas del emblemático merengue dominicano de Wilfrido Vargas, “El Funcionario”, que a la letra dice: «Y comenzó coge aquí, coge allá …porque pensó que era una pensión que le dejó su papá»
Desde una perspectiva analítica, la corrupción burocrática no se agota en la infracción administrativa individual; representa una contradicción de clase implacable donde la brevedad del encargo público activa la prisa por la acumulación privada. “El Funcionario” sintetiza una patología estructural del Estado, la metamorfosis del servidor público que, extraviado en la temporalidad de su nombramiento, despoja a la institución de su carácter comunitario para concebirla como una herencia paterna.
En Puebla, esta analogía tiene nombres y apellidos concretos en los expedientes judiciales y administrativos. Los casos de María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Finanzas, y José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta, ambos señalados e investigados por presunto peculado, desvío de recursos públicos y abuso de funciones por el quebranto multimillonario al erario público. El presupuesto de la entidad, fruto del trabajo de obreros, profesionistas, agricultores y familias trabajadoras que sostienen la economía local, fue tratado como aquel patrimonio heredado al que se creían con derecho por ostentar el cargo público.
El merengue de Wilfrido Vargas enumeraba con sarcasmo la voracidad del burócrata parásito que busca transformar la hacienda pública en bienes privados. En la matriz poblana, el esquema se repite con rigor ideológico, maniobras financieras opacas, inversiones fallidas sin garantías y transferencias no justificadas que privaron a los sectores populares de recursos vitales para la salud pública, la infraestructura social y los servicios básicos.
Quien administra el erario bajo la ilusión del dominio personal incurre en una ceguera moral donde el superávit generado por la colectividad es expropiado por una élite administrativa. Castro Corro y Girón Zenil no son hechos aislados, sino los rostros visibles de una burguesía burocrática que percibe al Estado como un botín temporal y al erario como una cuenta particular. Un escándalo similar que ha ocupado los titulares de diversos medios, es el que atañe a exfuncionarios del gobierno municipal encabezado por Eduardo Rivera y a la propia inhabilitación del ex presidente de la ciudad de Puebla.
Los aparatos de poder suelen apostar al desgaste del tiempo, confiando en que el polvo del olvido sepultará los expedientes de investigación y neutralizará la indignación popular, pero al igual que las voces que interpelan la tierra en los relatos de Juan Rulfo, las consecuencias materiales del desfalco persisten en la realidad cotidiana de las colonias y en el abandono de las comunidades.
Lo que parece una profecía cantada hace décadas en el Caribe sigue retumbando en los palacios de gobierno poblano. El servicio público no es una pensión heredada ni un cheque en blanco condicionado al periodo de un mandato. Desarticular la inercia del «coger aquí y coger allá» exige trascender la sanción individual, fortalecer la fiscalización comunitaria y asumir que el patrimonio del pueblo no se negocia, ni se olvida.
