*En la emisión del 28 de octubre de La Clave, las investigadoras Mireya Márquez y Brenda Valderrama advirtieron que la decisión de la Suprema Corte de validar la nueva legislación científica profundiza la precarización laboral, limita la libertad de investigación y afecta la formación de nuevas generaciones de científicos.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar las disposiciones legales que excluyen a investigadores de universidades privadas de los estímulos económicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) representa un retroceso para el desarrollo científico de México y profundiza las condiciones de precariedad en las que trabaja la comunidad académica.
Así lo advirtieron las investigadoras Mireya Márquez, de la Universidad Iberoamericana, y Brenda Valderrama, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la emisión del miércoles 28 de octubre del programa La Clave, donde analizaron las implicaciones de la resolución judicial y las consecuencias de las políticas científicas impulsadas desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Ambas especialistas coincidieron en que la exclusión de investigadores adscritos a instituciones privadas no solamente constituye un problema de carácter laboral y presupuestal, sino que refleja una política que ha subordinado el desarrollo científico a criterios ideológicos y administrativos, en detrimento de la producción de conocimiento y la colaboración académica.
Mireya Márquez explicó que la resolución de la Corte representa la culminación de una serie de decisiones adoptadas durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que modificaron las reglas de participación en el sistema científico nacional.
Señaló que la legislación fue aprobada sin una consulta suficiente a la comunidad académica ni un debate que permitiera analizar sus efectos sobre las instituciones, los investigadores y los programas de posgrado.
La investigadora de la Iberoamericana destacó que los académicos de universidades privadas representan menos del seis por ciento del padrón nacional del sistema, por lo que su exclusión difícilmente puede justificarse exclusivamente por razones presupuestales.
Sin embargo, sostuvo que sus consecuencias son importantes porque afectan derechos laborales, condiciones de permanencia en la actividad científica y posibilidades de desarrollo profesional de investigadores que cumplen con los mismos estándares de productividad exigidos a sus colegas de instituciones públicas.
Por su parte, Brenda Valderrama vinculó las modificaciones al sistema científico con el deterioro de las libertades democráticas en México, al señalar que existe una relación entre las restricciones a la autonomía de las instituciones y las limitaciones impuestas al trabajo de investigación.
La académica de la UNAM consideró que el país atraviesa un proceso de retroceso que recuerda las condiciones existentes antes de la consolidación de la transición democrática iniciada en la década de los noventa.
Desde su perspectiva, las políticas científicas de los últimos años han favorecido la concentración de decisiones en las autoridades gubernamentales, en lugar de fortalecer mecanismos de evaluación independientes y espacios de participación de la comunidad académica.
Valderrama cuestionó particularmente el diseño de la legislación científica impulsada durante la administración anterior, al considerar que otorgó un peso excesivo a la figura de quien encabezaba el Conacyt y debilitó los mecanismos de deliberación colectiva.
En ese sentido, sostuvo que los problemas del sistema científico mexicano no pueden explicarse únicamente por la insuficiencia de recursos, pues también existen componentes políticos e ideológicos que han condicionado las decisiones gubernamentales.
Afectaciones a posgrados y nuevas generaciones de investigadores
Durante el programa se advirtió que las consecuencias de la exclusión van más allá de los investigadores directamente afectados, pues también repercuten en los programas de posgrado, la formación de estudiantes y la continuidad de proyectos científicos.
Mireya Márquez explicó que la investigación contemporánea depende cada vez más de redes de colaboración nacionales e internacionales, así como de equipos multidisciplinarios que reúnen especialistas de distintas instituciones.
En ese contexto, establecer diferencias entre investigadores por el carácter público o privado de la universidad en la que trabajan resulta contradictorio con los estándares internacionales de producción académica.
Señaló que las principales revistas científicas y los sistemas de evaluación reconocidos internacionalmente privilegian la calidad de los trabajos, su impacto y las colaboraciones entre especialistas, independientemente de su adscripción institucional.
Por ello, consideró que las restricciones mexicanas pueden terminar obstaculizando proyectos conjuntos y afectando las oportunidades de formación de estudiantes que participan en investigaciones desarrolladas por universidades privadas.
Las especialistas también alertaron sobre el riesgo de profundizar una brecha generacional en la comunidad científica, debido a que las condiciones laborales cada vez más precarias dificultan que los jóvenes encuentren oportunidades para dedicarse profesionalmente a la investigación.
Burocracia, opacidad y reglas contradictorias
Otro de los temas abordados en La Clave fue el funcionamiento administrativo del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, cuyos procedimientos fueron cuestionados por las académicas debido a la falta de claridad en sus requisitos y mecanismos de evaluación.
Mireya Márquez señaló que las plataformas gubernamentales presentan deficiencias que complican los trámites, mientras que los cambios frecuentes en las reglas generan incertidumbre entre quienes buscan ingresar, permanecer o ascender dentro del sistema.
Explicó que existen contradicciones entre las exigencias de productividad académica y las disposiciones administrativas que deben cumplir los investigadores, particularmente quienes realizan estancias en el extranjero o participan en proyectos internacionales.
Estas dificultades, advirtió, consumen tiempo y recursos que deberían destinarse a la investigación, además de generar obstáculos adicionales para quienes se encuentran en las primeras etapas de su trayectoria científica.
Las participantes coincidieron en que la falta de transparencia y la excesiva burocracia se han convertido en problemas estructurales que afectan la operación del sistema, en un contexto marcado por el insuficiente financiamiento público a la ciencia.
Urge una nueva legislación científica
Brenda Valderrama planteó que la solución no consiste en continuar realizando modificaciones parciales a las disposiciones existentes, sino en construir una nueva legislación que responda a las necesidades reales del sistema científico mexicano.
Consideró necesario revisar integralmente el marco jurídico para garantizar reglas claras, criterios de evaluación académica y condiciones que permitan desarrollar investigación sin distinciones injustificadas entre instituciones públicas y privadas.
También cuestionó la relación entre la comunidad científica y el Poder Legislativo, al señalar que los investigadores han encontrado mayores dificultades para establecer canales de interlocución con diputados y autoridades encargadas de definir las políticas públicas.
Ante ese escenario, sostuvo que una alternativa es impulsar cambios desde el interior de las propias instituciones y fortalecer la organización de la comunidad académica para defender sus espacios de participación.
Las especialistas coincidieron en que México enfrenta un déficit estructural de inversión en ciencia y tecnología, problema que no se resolverá mediante la exclusión de una parte de sus investigadores ni con mayores controles administrativos.
Advirtieron que las políticas actuales pueden provocar consecuencias de largo plazo para la producción de conocimiento, la formación de especialistas y la competitividad científica del país.
Las investigadoras concluyeron que resulta indispensable replantear el modelo de política científica nacional, recuperar los espacios de participación de la comunidad académica y establecer una legislación que reconozca la investigación como una actividad estratégica para el desarrollo de México, independientemente de la naturaleza pública o privada de las instituciones donde se realiza.
