*La organización defensora de la libertad de expresión cuestiona la ambigüedad de la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum, que contempla penas de hasta cinco años de prisión; advierte que podría abrir espacios para restringir la sátira y la crítica al poder.
La organización internacional Artículo 19 expresó preocupaciones por los riesgos para la libertad de expresión que representa la llamada “Ley Antimemes”, una reforma promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum y aprobada por el Senado de la República, cuya redacción ha generado cuestionamientos por la posibilidad de que sea utilizada para inhibir expresiones críticas contra las autoridades.
La controversia se concentra en las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, particularmente en la incorporación del artículo 403 Bis, que establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Aunque el propósito declarado de la reforma es combatir la suplantación de identidad institucional, los fraudes y el uso engañoso de símbolos oficiales, organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas han señalado que la ambigüedad de algunas disposiciones podría propiciar interpretaciones restrictivas de la libertad de expresión.
La preocupación radica en que elementos gráficos gubernamentales, escudos, logotipos y documentos oficiales también forman parte de contenidos periodísticos, caricaturas, parodias y publicaciones humorísticas utilizadas para cuestionar las decisiones de los gobernantes.
En ese contexto, el debate no se limita a la posibilidad de imponer sanciones penales, sino también al efecto inhibidor que podría producir una legislación cuya aplicación genere incertidumbre entre periodistas, caricaturistas y creadores de contenido.
En su posicionamiento, Artículo 19 considera que el nuevo delito requiere mayor claridad y precisión para impedir que expresiones protegidas constitucionalmente queden sujetas a investigaciones o procedimientos penales.
La organización ha advertido que, incluso cuando una investigación no termine en una condena, la posibilidad de enfrentar un procedimiento puede desalentar la publicación de contenidos críticos.
Sheinbaum niega que se pretenda censurar
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma tenga como propósito perseguir a quienes elaboran memes, caricaturas o publicaciones satíricas contra su administración.
El pasado 1 de octubre aseguró que las sanciones están dirigidas a quienes utilicen fraudulentamente la identidad de instituciones públicas, particularmente mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.
El texto aprobado por el Senado exige que el uso de símbolos o documentos oficiales no se realice a escala comercial, busque engañar sobre su origen institucional ni tenga la intención de cometer un ilícito. Por tanto, no establece una prohibición general de los memes ni convierte automáticamente en delito la crítica política.
Sin embargo, para Artículo 19, la existencia de esos requisitos no elimina completamente las preocupaciones sobre posibles interpretaciones amplias de la disposición penal.
La reforma fue aprobada el 30 de septiembre por el Senado con 72 votos a favor y 34 en contra, y enviada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
La discusión se produce en medio de otros cambios legislativos relacionados con derechos de autor y contenidos digitales, también cuestionados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión ante posibles mecanismos de retiro preventivo de publicaciones.
El punto central de las advertencias es que el combate al fraude y a la suplantación de identidad institucional debe contar con límites suficientemente claros para evitar que esas disposiciones puedan utilizarse contra el ejercicio periodístico, el humor político y el derecho ciudadano a cuestionar a quienes ejercen el poder.
