*La expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción advierte que el financiamiento de campañas y los acuerdos entre grupos criminales y actores políticos han convertido las elecciones en una vía para apoderarse de espacios de gobierno
La infiltración del crimen organizado en los procesos electorales mexicanos dejó de limitarse a la intervención para favorecer determinadas candidaturas y evolucionó hacia un mecanismo para capturar instituciones, obtener protección política y ampliar el control sobre actividades económicas legales e ilegales, advirtió Vania Pérez Morales, académica, activista y expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Entrevistada en el programa La Clave, Pérez Morales sostuvo que la denominada narcopolítica debe analizarse como parte de un proceso de descomposición institucional acumulado durante décadas y no como un fenómeno atribuible exclusivamente a un partido.
Sin embargo, señaló que quienes actualmente ocupan responsabilidades públicas están obligados a responder frente a los casos que involucran posibles relaciones entre representantes políticos y organizaciones criminales.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la manera en que grupos delictivos han buscado influir en las elecciones mediante el financiamiento de campañas, amenazas, acuerdos con actores políticos y apoyo a determinadas candidaturas.
Pérez Morales sostuvo que esos pactos permiten posteriormente al crimen organizado disponer de protección desde las instituciones y ampliar sus actividades más allá del narcotráfico hacia otros negocios, entre ellos el tráfico de combustibles y minerales y la explotación ilegal de recursos naturales.
De esta forma, explicó, el problema ya no consiste solamente en que organizaciones criminales intervengan en una elección, sino en que los espacios de poder obtenidos mediante esos acuerdos terminen formando parte de sus redes de protección y operación.
Sinaloa, ejemplo de la penetración criminal en lo electoral
Durante la conversación con los periodistas Mónica Camarena y Aurelio Contreras se abordó particularmente el caso de Sinaloa, donde se han documentado y denunciado durante los últimos años episodios de violencia e intervención criminal alrededor de procesos electorales.
Pérez Morales consideró que lo ocurrido en esa entidad muestra las consecuencias que puede alcanzar la relación entre delincuencia organizada y política cuando las instituciones encargadas de investigar y sancionar no funcionan como contrapesos.
La entrevistada sostuvo que los acuerdos electorales con organizaciones criminales terminaron por extenderse a otros ámbitos y que actualmente el problema debe observarse desde la perspectiva de una captura institucional.
En ese contexto ubicó también situaciones denunciadas en Baja California y San Luis Potosí, así como las sanciones adoptadas por autoridades estadounidenses contra personas a las que vinculan con organizaciones criminales.
Pérez Morales advirtió que las medidas estadounidenses tienen consecuencias que pueden trascender a las personas directamente señaladas, pues el bloqueo de cuentas y las restricciones financieras pueden alcanzar a empresas, instituciones y terceros que mantengan operaciones con personas sancionadas.
Elecciones bajo el riesgo de la narcopolítica
Durante la emisión de La Clave se discutió el riesgo de llegar a las próximas elecciones sin haber cerrado los espacios utilizados por organizaciones criminales para financiar campañas, imponer candidatos, amenazar adversarios o establecer acuerdos con quienes posteriormente ocuparán cargos públicos.
También se abordó la anticipación de las disputas por candidaturas dentro de Morena y la debilidad de los contrapesos institucionales para impedir que intereses ajenos a los ciudadanos influyan en la definición de postulaciones y gobiernos.
Para Pérez Morales, la captura de las instituciones genera además un círculo de impunidad: organizaciones criminales intervienen en procesos políticos y, posteriormente, las autoridades surgidas de éstos pueden carecer de incentivos para investigar las redes que contribuyeron a llevarlas al poder.
Más de 24 mil firmas
Como ejemplo de la preocupación ciudadana por los presuntos vínculos entre política y delincuencia organizada, Pérez Morales relató la iniciativa mediante la cual se reunieron más de 24 mil firmas para exigir la salida del Senado del legislador Enrique Inzunza, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La activista relató además las dificultades que enfrentaron para ingresar al Senado y entregar la documentación correspondiente a la Mesa Directiva, lo que finalmente ocurrió después de la presión pública y mediática.
Pérez Morales cuestionó que señalamientos de esa gravedad realizados desde el extranjero no se traduzcan necesariamente en investigaciones con consecuencias en México y planteó que figuras de protección constitucional, como el fuero, no deben convertirse en mecanismos de impunidad.
Los señalamientos formulados por autoridades extranjeras, sin embargo, no equivalen por sí mismos a una sentencia judicial en México, por lo que las responsabilidades penales deben determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
“Hay que seguir denunciando”
Pérez Morales vinculó la penetración criminal en la política con otros indicadores de debilidad institucional, entre ellos la elevada cifra negra de delitos que no son denunciados o investigados y la crisis nacional de desapariciones.
Ante ese escenario, consideró indispensable que los ciudadanos continúen presentando denuncias incluso cuando exista desconfianza hacia las autoridades, pues dejar constancia documental permite construir antecedentes y eventualmente exigir responsabilidades.
El riesgo hacia los siguientes procesos electorales, planteó durante La Clave, consiste en que la narcopolítica deje de entenderse como una suma de casos aislados.
El problema de fondo es la posibilidad de que el crimen organizado utilice las elecciones como puerta de entrada a las instituciones: intervenir en candidaturas y campañas para posteriormente convertir el poder político obtenido en protección, impunidad y capacidad para ampliar sus negocios.
Bajo esa lógica, la disputa contra la infiltración criminal comienza antes de la jornada electoral: desde la selección y financiamiento de candidatos, la fiscalización del dinero utilizado en las campañas y la investigación de las redes que buscan colocar intereses criminales dentro de los órganos del Estado.
