Por Sandra Luz Tello Velázquez
Cada año, al marcarse el 28 de agosto, el calendario oficial desempolva el discurso de funcionarios de distintos niveles, para hablar con cariño maternalista del “Día del Abuelo”, se envían felicitaciones templadas en redes sociales y se exalta a la ancianidad como si fuera un adorno venerable en la memoria familiar. Sin embargo, la realidad social desmiente con saña la retórica de la oratoria. En México, llegar a la tercera edad se ha convertido en una condena, cuyo destino es el abandono, la precariedad y la pérdida sistemática de la dignidad.
Existe una narrativa gubernamental que pretende dar por saldada la deuda histórica con los adultos mayores, mediante el reparto de un apoyo económico bimestral, es una realidad que existe el alivio inmediato supuesto para millones de hogares, pero reducir la política pública de atención a la vejez a una transferencia monetaria, sin una evaluación real de necesidades, sin un sistema universal de cuidados y sin infraestructura de salud robusta, es un espejismo peligroso. La dignidad humana no se liquida en parcialidades.
El origen del problema es estructural, ya que tras décadas de trabajo en un mercado laboral dominado por la informalidad, una inmensa mayoría de mexicanos jamás tuvo la oportunidad de cotizar para una pensión contributiva. Al llegar a los 60 o 65 años, la falta de ingresos seguros los empuja a una subsistencia degradante, los vemos empacando mercancía en los supermercados, a merced de la propina y de pie durante jornadas extenuantes o mendigando en las esquinas de nuestras ciudades. La vejez en nuestro país no es un periodo de descanso contemplativo, sino de supervivencia.
El déficit no es solo económico, es de derechos básicos. El acceso a la atención médica geriátrica, medicamentos de libre disposición o cirugías oportunas, sigue siendo una quimera para quien depende de un sistema de salud insuficiente y deplorable. Tampoco existen garantías de vivienda adaptada, hogares permanentes o de entrada por salida, ni programas contra el maltrato físico y psicológico que ocurre, muchas veces, dentro del propio núcleo familiar.
Al contrastar nuestra realidad con la de otras naciones, la grieta se vuelve abismal, por ejemplo: Dinamarca y Noruega cuentan con sistemas de bienestar basados en el principio de ciudadanía. Las personas mayores reciben pensiones universales de cuantía suficiente para cubrir la vida diaria, combinadas con servicios de asistencia domiciliaria pública y casas de cuidado integrales financiadas por impuestos generalizados.
Japón, ante una población hiper envejecida, implementó un Seguro de Cuidados a Largo Plazo (Kaigo Hoken), en el que estado y sociedad financian preventivamente la asistencia diaria, adaptando viviendas y garantizando terapeutas y enfermeros a domicilio.
En América Latina, Uruguay ha desarrollado el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, reconociendo la atención de los adultos mayores como un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el estado, el mercado y las familias. Sin embargo, en México, la responsabilidad recae en la inercia familiar o en la caridad personal. Hemos naturalizado ver a nuestros ancianos vejados, subvalorados y relegados al rincón de las decisiones públicas.
Un país que no cuida a quienes construyeron sus cimientos puede mirarse como una sociedad sin brújula moral. Celebrar el 28 de agosto con flores y discursos vacíos, mientras las calles se llenan de abuelos trabajando por propinas es una contradicción insostenible. México requiere sustituir el asistencialismo inmediato por una verdadera política de Estado, un sistema integral de cuidados, salud geriátrica universal y pensiones articuladas que devuelvan a la vejez el respeto y la tranquilidad que por derecho le corresponden.
