La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la información dada a conocer por la FGR, Aguirre Rivero enfrenta acusaciones por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, derivadas del presunto ocultamiento deliberado de un video captado por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la investigación federal, las imágenes registraban el momento en que policías municipales y estatales interceptaron uno de los autobuses en el que viajaban los estudiantes normalistas. Durante años, el gobierno estatal sostuvo que dichas grabaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que un testigo colaborador reveló en 2023 que el material fue retirado para ser entregado a funcionarios del gobierno estatal, versión que este año fue reforzada por un segundo testigo, quien afirmó que el entonces gobernador habría ordenado desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en Iguala.
La fiscal general, Ernestina Godoy, señaló que el ocultamiento del video habría formado parte de una operación “dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, por lo que la detención responde al “nuevo modelo de investigación” implementado por la institución para revisar actuaciones previas y reconstruir la cadena de responsabilidades.
Ángel Aguirre Rivero gobernó Guerrero de 2011 a octubre de 2014 bajo una coalición encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tras la desaparición de los 43 normalistas y la intensa presión social y política que generó el caso, solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de ese año.
Hasta ahora, las investigaciones en su contra no habían derivado en una orden de aprehensión. Su captura marca un cambio en el rumbo de las pesquisas, al colocar bajo investigación directa a uno de los principales responsables políticos del estado durante los hechos.
La detención de Aguirre ocurre en un contexto de reactivación de las investigaciones sobre Ayotzinapa. En semanas recientes, un juez modificó las medidas cautelares impuestas al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien permanece procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, mientras que también se dictó sentencia contra Santiago Mazari Hernández, alias «El Carrete», líder criminal vinculado con el grupo Los Rojos.
La FGR sostiene que el caso continúa abierto debido a que persisten líneas de investigación relacionadas con la manipulación de pruebas, el encubrimiento institucional y la posible responsabilidad de funcionarios de distintos niveles de gobierno.
