Por Carlos Tercero
Desde el surgimiento del constitucionalismo moderno, una de las principales preocupaciones del pensamiento democrático ha sido limitar la concentración del poder. La libertad de imprenta, los parlamentos, las elecciones y los sistemas de justicia surgieron bajo una misma premisa: ningún poder debía imponer por sí solo las reglas de la vida pública. Sin embargo, el siglo XXI ha incorporado un desafío distinto. Ya no basta con discutir quién gobierna; también resulta necesario preguntarse quién influye en aquello que una sociedad reconoce como verdadero.
La discusión ha cobrado fuerza a propósito de los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Con frecuencia, el debate se presenta como una confrontación entre libertad de expresión y regulación, pero esa lectura resulta insuficiente. Los derechos de las audiencias parten de una idea fundamental: la información cumple una función pública y los ciudadanos participan activamente en la conversación donde se forman opiniones y decisiones colectivas.
Su finalidad no debe ser otorgar al Estado una facultad para determinar contenidos, sino fortalecer las condiciones para que las personas puedan distinguir hechos de opiniones, exigir transparencia y ejercer un papel más activo frente a quienes producen y difunden información. El desafío consiste en proteger esos derechos sin abrir la puerta a nuevas formas de intervención sobre la libertad de expresión.
Esa tensión acompaña a todas las democracias. Las instituciones no deben diseñarse pensando en un gobierno determinado, sino en su funcionamiento bajo gobiernos distintos. Una regla que parece razonable bajo ciertas circunstancias puede convertirse en un problema cuando cambia quien la aplica. Por eso, la calidad democrática depende también de la capacidad institucional para resistir el abuso del poder.
Durante buena parte del siglo XX, la credibilidad pública descansó en instituciones con procedimientos reconocidos. La ciencia validaba el conocimiento mediante la evidencia; los tribunales resolvían conforme al derecho; el periodismo verificaba información y las universidades sometían las ideas al debate académico. Ninguna era infalible, pero todas compartían una premisa: la autoridad debía construirse mediante métodos.
La revolución digital modificó ese equilibrio. Hoy cualquier persona puede producir y difundir información con un alcance impensable hace apenas unas décadas. Esa democratización amplió la conversación pública, pero también fragmentó los espacios comunes donde las sociedades contrastaban hechos y construían referencias compartidas. Los algoritmos privilegian la atención, las redes sociales favorecen comunidades cerradas y la inteligencia artificial multiplica contenidos cuya autenticidad puede ser difícil de determinar.
El problema contemporáneo no es la ausencia de información, sino la disputa por la legitimidad para validarla. Gobiernos, medios de comunicación, plataformas digitales, creadores de contenido, universidades y sistemas de inteligencia artificial participan en la construcción del espacio público, pero ninguno debería aspirar a convertirse en árbitro exclusivo de la realidad.
Una democracia puede convivir con diferencias profundas. El desacuerdo es parte de su naturaleza. Lo que resulta más complejo es una sociedad donde cada grupo posee sus propios hechos y donde cualquier evidencia puede ser aceptada o rechazada según la identidad de quien la presenta.
La discusión de fondo no consiste en decidir quién posee la verdad. Las democracias se fortalecen cuando existen instituciones capaces de generar confianza, contrastar información y corregir errores. La libertad de expresión, los derechos de las audiencias y el pluralismo informativo forman parte de una misma tarea: evitar que el poder de definir la realidad quede concentrado en una sola voz.
El desafío de las democracias contemporáneas no es construir una autoridad capaz de establecer la verdad, sino preservar las condiciones para que ninguna autoridad pueda apropiarse de ella. La libertad democrática no depende de que una sociedad piense igual, sino de que conserve la capacidad de debatir, cuestionar y revisar sus propias certezas.
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