El presidente Donald Trump emitió un decreto que refuerza la vigilancia financiera sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia otros países, particularmente México y Centroamérica, y que además coloca bajo escrutinio la participación de migrantes en el sistema bancario estadounidense.
La medida, presentada como parte de una estrategia de “seguridad nacional y control de flujos ilícitos”, ordena a los departamentos del Tesoro y de Justicia establecer mecanismos más estrictos de rastreo de transferencias internacionales.
El decreto instruye a las instituciones financieras a reportar con mayor detalle las operaciones vinculadas a migrantes, bajo el argumento de prevenir lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado. Sin embargo, la disposición abre la puerta a la criminalización de comunidades enteras y a la restricción de un flujo económico vital para millones de familias en América Latina.
Las remesas representan uno de los pilares de las economías de países como México, donde en 2025 superaron los 65 mil millones de dólares. Al endurecer los requisitos bancarios y de identificación, el decreto podría dificultar el acceso de migrantes indocumentados a servicios financieros, obligándolos a recurrir a mecanismos informales más costosos y menos seguros.
