Familiares de personas desaparecidas e integrantes de distintos colectivos de búsqueda tomaron este lunes 2 de marzo las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv), en Xalapa, Veracruz, para demandar mejoras en la atención que reciben.
La toma de oficinas inició por la mañana en el inmueble ubicado sobre la avenida Américas, en la colonia 2 de Abril, donde los inconformes colocaron cartulinas en la entrada e impidieron el acceso al edificio. Expusieron que enfrentan demoras en servicios como atención psicológica, asesoría legal y apoyo de trabajo social, apoyos que consideraron fundamentales para las familias que continúan la búsqueda de sus seres queridos.
Los representantes de los colectivos señalaron que las nuevas disposiciones les impiden acudir a búsquedas si no son familiares directos de la persona reportada como desaparecida, lo que —advirtieron— representa una medida excluyente que revictimiza a las familias y obstaculiza la localización.
Durante la manifestación solicitaron diálogo directo con la titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez, así como la agilización de trámites pendientes y una revisión del funcionamiento de la institución.
Tras la toma de las oficinas, la titular Namiko Matzumoto Benítez subrayó que ningún recurso ha sido suspendido y que las diligencias de búsqueda continúan, pero insistió en que los colectivos deben comprobar el uso de los fondos públicos.
Señaló que al asumir el cargo detectó casi 25 millones de pesos sin soporte documental de administraciones anteriores, lo que obliga a reforzar la rendición de cuentas.
“El fondo de ayuda y reparación para las víctimas son recursos públicos, por lo tanto, se deben ejercer con absoluta transparencia”, expuso, y reconoció que acceder al fondo es un derecho de las víctimas, pero también implica la obligación de comprobar el gasto.
Explicó que las reglas no se han endurecido, sino que incluso se ampliaron para cubrir apoyos de alojamiento a víctimas en situación de vulnerabilidad, además de desplazados.
Advirtió que la toma de las instalaciones impide dispersar recursos para diligencias ya programadas, lo que afecta directamente a víctimas que esperan apoyo. Afirmó que algunos colectivos se negaron a dialogar con ella, exigiendo interlocución directa con la gobernadora Rocío Nahle.
Aclaró que de 240 estudios de trabajo social realizados, solo unas 30 solicitudes fueron rechazadas por no cumplir requisitos legales, como direcciones inexistentes.
