Este lunes 10 de noviembre, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que eleva los aranceles al azúcar importada. Los nuevos gravámenes sustituyen las cuotas fijas anteriores (0.33 a 0.39 dólares por kilo) y ahora se calculan como porcentaje sobre el valor declarado en aduana, incluyendo costo, seguro y flete.
El azúcar líquida refinada y el azúcar invertido quedaron con un arancel de 210.44 por ciento, mientras que otros tipos de azúcar, como la de caña o remolacha, se fijaron en 156 por ciento. La medida aplica a países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y busca frenar la entrada de producto extranjero a bajo costo.
Los industriales cañeros celebraron la decisión, señalando que se restablece una barrera arancelaria que había protegido a la agroindustria desde 1994 y que se había debilitado por la inflación y los precios internacionales. Argumentan que la medida beneficiará a más de 12 millones de personas vinculadas a la cadena productiva de la caña.
Paralelamente, organizaciones cañeras realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Los cañeros exigieron que el gobierno frene las importaciones de azúcar o aplique aranceles aún más altos, advirtiendo que los ingenios atraviesan un momento delicado y que la sobreoferta mundial amenaza con quebrar la industria nacional.
Señalan que, pese al decreto, persiste la presión de los inventarios excedentes y la caída de precios internacionales, lo que mantiene la incertidumbre sobre la rentabilidad del sector.
El gobierno sostiene que el incremento busca proteger la producción nacional y garantizar estabilidad en el sector cañero. Sin embargo, analistas advierten que el efecto podría trasladarse a los consumidores, encareciendo productos derivados del azúcar.
Además, la medida se combina con un nuevo IEPS diferenciado para bebidas calóricas aprobado en el Paquete Económico 2026, lo que podría reducir aún más la demanda interna.
Los cañeros que protestaron contra las importaciones de azúcar y el aumento de aranceles provienen de al menos nueve estados: Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Chiapas y Puebla.
En la Ciudad de México, representantes de estas entidades se concentraron frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para exigir medidas más contundentes. Veracruz fue uno de los epicentros de las protestas, con bloqueos en casetas de cobro como Puente El Caracol, Puente Papaloapan y Cosamaloapan, afectando la autopista Puebla–Coatzacoalcos.
Los manifestantes consideran que el decreto presidencial, aunque positivo, no resuelve la crisis de precios ni la sobreoferta mundial de endulzantes y exigen un plan emergente de rescate para los ingenios y productores, que incluya freno total a las importaciones y apoyos directos al sector.
Veracruz, Chiapas y Puebla son de los estados con mayor producción de caña en México, por lo que sus organizaciones tienen un peso significativo en las movilizaciones. La participación de estados como Nayarit y Sinaloa refleja que la inconformidad se extiende más allá del sureste, alcanzando regiones del occidente y noroeste del país.
