Por Alberto J. Olvera
El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, aunado al del líder limonero de Apatzingán en el lapso de apenas una semana, fue la gota que derramó el vaso de la tolerancia social a la violencia. Hace ya casi veinte años que el país padece una ola de violencia criminal producida por dos procesos simultáneos: el empoderamiento estructural del crimen organizado y la fragmentación del poder político –efecto del caótico y fallido proceso de democratización y del colapso de las capacidades estatales causado por el populismo lopezobradorista.
Este cóctel explosivo fue administrado a lo largo de los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y López Obrador, pero ha llegado a un punto de quiebre. El modelo de gobernanza criminal que caracteriza el orden político en la mayor parte del territorio –y que he denunciado muchas veces aquí– se salió del control del gobierno federal y se ha vuelto un factor de franca ingobernabilidad en buena parte del país. Por desgracia, el gobierno de Claudia Sheinbaum no parece tener las herramientas para confrontar este formidable reto, al menos no sin asumir enormes riesgos de inestabilidad y de ruptura al interior de la alianza gobernante.
Entendamos la naturaleza estructural de la crisis actual. La transición a la democracia en México implicó la fragmentación del poder político, antes concentrado en una presidencia con poderes metaconstitucionales, que negociaba con los distintos poderes fácticos regionales y sectoriales. Esta fragmentación fue causada también por el profundo cambio estructural en la economía mexicana que gradualmente produjo el TLCAN.
La integración cambió la estructura sectorial y territorial del capitalismo mexicano. Una nueva industria orientada a la exportación surgió en el Bajío, Jalisco y Nuevo León y consolidó la industria maquiladora de la frontera norte del país. Poco a poco, la agricultura mexicana creó nichos de capitalismo salvaje en varias partes del país, en particular en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y zonas específicas de las costas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Oaxaca, Yucatán y otras regiones del resto del país. Las corporaciones priístas perdieron poder. La crisis lenta, gradual, pero imparable de la industria petrolera mexicana restó al Estado mexicano el poder económico estructural que gozó hasta principios del siglo XXI. No se trató sólo de una privatización neoliberal de la economía después de la masiva estatización impulsada por los gobiernos de Echeverría y López Portillo, sino de una diversificación y una nueva distribución espacial que cambió por completo los equilibrios regionales y de poder entre sectores empresariales, y entre éstos y el Estado.
Al mismo tiempo se produjo un cambio estructural en la industria de la producción y tráfico de drogas. El bloqueo que Estados Unidos impuso a la exportación por vía aérea de cocaína desde Colombia a Florida desde fines de los años ochenta implicó que México se convirtiera en el paso obligado hacia Estados Unidos para el transporte terrestre de las drogas producidas en el Cono Sur. Esta intermediación le dio un poder económico extraordinario a los cárteles encargados de introducir droga al vecino del norte. En virtud de su propio empoderamiento, esas organizaciones criminales empezaron a confrontarse entre sí y a disputar territorios y mercados.
Esta combinación de debilitamiento del Estado, pluralización de las fuentes de poder y empoderamiento del crimen organizado, creó nuevas constelaciones de poder local y regional y una nueva coyuntura, en la cual se tornó en un factor estratégico el control territorial. A diferencia de la época autoritaria del PRI, en que el crimen organizado tenía unos pocos interlocutores en el gobierno federal, a partir de la democratización se multiplicaron tanto los potenciales interlocutores políticos como los intereses criminales y empresariales. Los cárteles aprendieron en esa circunstancia a intervenir en política financiando campañas y presionando o cooptando a gobiernos locales.
En ciertos estados del país, donde la presencia del Estado fue históricamente débil, y al mismo tiempo la agricultura capitalista se desarrolló con rapidez, surgieron grupos que, aprovechando la competencia electoral entre el PAN, el PRI y el PRD, lograron penetrar las estructuras políticas, sociales y económicas locales. Esto mismo había sucedido en estados con tradición criminal, como Sinaloa, Sonora y Baja California y en las ciudades fronterizas de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, en las que desde siempre el contrabando de mercancías generó una industria criminal boyante que tuvo la virtud de transformarse a partir del crecimiento de los mercados ilegales de drogas y personas. En estas zonas fue donde la penetración criminal en la política se produjo con más rapidez y profundidad. En el interior del país este modelo se impuso también en muchas regiones, en especial en zonas de agricultura de exportación y ciudades por las que pasaban carreteras estratégicas, vías férreas principales e infraestructura petrolera, como oleoductos y gasoductos, así como los principales puertos.
El hecho de que después de 2003 el IFE y los institutos electorales de los estados, así como los tribunales electorales respectivos, fueran colonizados por el PRI y el PAN, condujo a que se perdiera todo control legal sobre los gastos electorales, abriendo las puertas a la intervención de todo tipo de poderes fácticos, incluidos los criminales, en los procesos políticos. Esto se observó pronto en Tamaulipas, luego en Coahuila, después en Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, e incluso Nuevo León. Esto sucedía también, desde muchos años atrás, en Michoacán, Guerrero, partes de Oaxaca, Jalisco, Sinaloa, Durango y otros estados donde el crimen organizado contaba con poder propio desde de la década de 1980.
Al mismo tiempo, la crisis de 1994, el lento crecimiento de la primera década del siglo XXI, el progresivo colapso de las viejas industrias y de amplios sectores de la agricultura tradicional forzaron una migración masiva a Estados Unidos, sobre todo desde los estados del sureste y centro del país. La magnitud de esta migración permitió el florecimiento de una industria del tráfico de personas, que se convirtió en el segundo mercado criminal masivo.
En un intento por recuperar la soberanía territorial, presionados además por los Estados Unidos, los tres gobiernos federales del siglo XXI han lanzado diversas ofensivas contra los grupos criminales. Por su parte, los propios “cárteles” han tenido momentos de guerra abierta en varias regiones del país, propiciando lo que Salvador Maldonado llama “guerras criminales”: enfrentamientos entre grupos y al interior de ellos, y, por supuesto de todos ellos con el Estado.
Lejos de romper con este orden político-criminal, López Obrador lo usó para consolidar la presencia de su partido a escala nacional. AMLO siempre temió que las élites políticas del pasado lo quisieran desplazar del poder. Estableció así desde la campaña presidencial de 2018 alianzas con actores políticos locales de toda laya. La gran tragedia de la “cuarta transformación” es que cometió el pecado de pactar con toda clase de actores político-criminales para hacerse con rapidez de todo el poder. Este mismo pecado lo cometieron, en menor escala, PRI, PRD y PAN a lo largo de la transición. Estos últimos partidos, carentes de implantación nacional –como fue el caso de Morena después–, recurrieron a principios del siglo XXI a alianzas con expriistas y con líderes políticos locales provenientes de las cavernas más profundas del sistema político. La diferencia es que el PAN y el PRD llevaron a cabo este proceso en un momento en el que los grupos criminales no controlaban por completo a los actores políticos regionales. En cambio, cuando López Obrador estableció estas alianzas, esos grupos ya tenían una hegemonía territorial en muchas regiones del país.
Para mala suerte de los mexicanos y de la 4T, la llegada al poder de López Obrador coincidió con la crisis de la industria petrolera mexicana. A diferencia de los populismos sudamericanos de la primera década del siglo, López Obrador no contó con una renta petrolera o una renta primaria que financiera sus políticas sociales distributivas, fuente primigenia de su legitimidad política. ¿Cómo consolidar un nuevo régimen sin disponer de rentas extraordinarias? López Obrador, un político pragmático, implementó una doble estrategia. Por un lado, impuso una radical austeridad de corte neoliberal que debilitó las capacidades estatales, de suyo limitadas desde la época autoritaria y aún más empobrecidas en la época de la transición. López Obrador redujo el gasto público neto en casi todas las áreas de las políticas públicas para financiar sus proyectos redistributivos, esenciales para su legitimidad política, así como sus megaproyectos, en los cuales se desperdició el escasísimo capital estatal disponible. Por otro lado, López Obrador endeudó aun más al país en los mercados financieros nacionales e internacionales y dejó una estela de deudas masivas con proveedores del gobierno.
Las decisiones de López Obrador en materia de candidaturas a gubernaturas y presidencias municipales fueron guiadas por criterios de lealtad y no de capacidad. La consecuencia es que el país tiene gobiernos estatales y locales de pésima calidad, con gobernadores y alcaldes incompetentes (muchos de ellos corruptos) que no cuentan con una tecnocracia mínimamente responsable. La consecuencia la acabamos de ver en la incapacidad de previsión y atención a las inundaciones recientes en Veracruz, Puebla e Hidalgo. Constatamos la inexistencia fáctica de instituciones de protección civil, la ausencia de liderazgo local y la precariedad presupuestal y operativa de los órdenes locales de gobierno. Todo ello condujo a una tragedia cuyas consecuencias se sentirán por años, y que los cientos de miles de ciudadanos afectados no olvidarán.
Por último, en el recuento de saldos negativos heredados, hoy es un factor central la política exterior y comercial de López Obrador. El expresidente incumplió deliberada y sistemáticamente varias claúsulas del Tratado de Libre Comercio vigente, y su permisividad con el crimen organizado condujo al aumento en la producción y exportación de fentanilo a Estados Unidos. Estas decisiones abrieron la puerta a que Donald Trump chantajee a México y que el gobierno haga múltiples concesiones al imperio. El apoyo de AMLO a Cuba y Venezuela costó algunos miles de millones de dólares y corroboró la vena autoritaria del régimen; y la supuesta política de no intervención en asuntos de otros países se combinó con la abierta intervención en los casos de Perú y Ecuador, causando crisis diplomáticas con ambos países.
Esas cuentas son las que ahora está pagando la presidenta Sheinbaum. Le ha tocado lidiar con una tormenta perfecta: empoderamiento criminal, colapso de la gobernanza local y regional por incapacidad estatal, presión imperial y crisis fiscal. Todo ello herencia del gobierno de López Obrador. Sin embargo, la presidenta está impedida de señalar que el responsable de la catástrofe que vivimos es el expresidente, puesto que ello abriría una grieta en la frágil coalición morenista, todavía controlada de manera indirecta por el viejo líder.
La legitimidad que ha ganado la presidenta por su desempeño al frente del gobierno es cuestionable en la actual coyuntura. Los asesinatos recientes de políticos y empresarios locales, no sólo en Michoacán, sino en varias partes del país, demuestran que si bien su estrategia de seguridad ha mejorado ligeramente el escenario criminal nacional, los factores estructurales que permiten el control criminal sobre territorios completos no van a desaparecer si no se ataca el núcleo del orden político: la alianza entre grupos delincuenciales, políticos locales, empresarios facilitadores y autoridades policiacas y militares.
Para ello tendría que empezar por castigar a los políticos señalados como responsables de haber facilitado o incluso dirigido la construcción del orden criminal local en varios estados del país. El reto es formidable, pues el gobierno federal no tiene los recursos financieros, humanos ni políticos para enfrentar por si mismo el orden criminal. La presidenta debería convocar a una gran alianza nacional contra el crimen organizado, por la paz y la justicia, para construir el apoyo político indispensable para sacudirse las mafias que la aprisionan. ¿Podrá o querrá hacerlo?
Este texto fue publicado originalmente en el blog de Nexos. Agradecemos a su autor su autorización para reproducirlo
