Desaparecidos. El informe de la ONU
Por Javier Solórzano Zinser
Tienden a ser poco consistentes las relaciones entre los organismos internacionales de derechos humanos y los gobiernos de México.
A menudo se apela a ellos para puntualizar sobre lo que sucede en otras naciones, pero cuando se habla de nuestro país, en lo general, hay reticencias a lo que se suman reacciones que intentan desacreditar a estas instituciones.
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha provocado entre enconos y repudio de parte del Gobierno federal y de su mayoría en el Congreso. El Comité, debido a esto, ha procedido a aclarar su procedimiento con relación al por qué presentó un documento crítico sobre lo que sucede en nuestro país.
Su argumentación se basa en el artículo 34 de la Convención, el cual establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario general de las Naciones Unidas”.
El CED argumenta que “el Comité, es el órgano de expertos independientes, encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados Parte”.
El Comité asegura que, “de conformidad con la Convención, su decisión de activar el procedimiento del artículo 34, se adoptó por consenso sobre la base de denuncias recibidas, en virtud de esta disposición, pero también, teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado Parte desde 2014, en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité tras su visita a México”.
El informe es un trabajo de muchos años que no sólo se establece a través de lo que observadores del CED pudieran investigar. Parte de testimonios dentro del país y peticiones ciudadanas que dan pie a la petición interna, la cual es evaluada en términos de las reglas que establece el Comité de la ONU.
No existe una intención abyecta en el informe. No se están emitiendo juicios únicamente sobre la presente administración ni la anterior, estamos ante un informe de varios años que van de la mano de la agudización de la desaparición de personas en nuestro país.
El Comité dialogó con las autoridades mexicanas. No se basó únicamente en los testimonios que recibió y buscó, sino que también se entrevistó con autoridades de diferentes órdenes en el país.
La reacción del Gobierno y la mayoría no toma en cuenta el proceso que siguió el Comité. No es un ataque desde el extranjero ni tampoco un informe que no haya investigado a fondo el estado de las cosas.
El gobierno anterior, y en algunos meses del actual, pasó por alto el tema de los desaparecidos. El hallazgo del rancho Izaguirre cambió la perspectiva del actual Gobierno. López Obrador nunca se reunió con madres y padres buscadores, colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos. No había manera de que supiera qué pasaba, si nunca escuchó a quienes recorren el país buscando a los suyos.
Más que reclamar, el Gobierno debería estar pensando en reunirse con el Comité buscando la manera de solucionar el problema que recorre buena parte del país.
El informe de la ONU no es un ataque al Gobierno de la 4T. Es un reporte de lo que pasa en México.
RESQUICIOS.
Son varios los asuntos en que cambian las leyes aprobadas por la mayoría sobre la elección del Poder Judicial. Es mala señal para el proceso y parece que no se dieron cuenta de lo que aprobaron; se ve que así seguirán en la medida de las conveniencias.
