El Congreso del Estado de Veracruz entró en una parálisis y uno de los temas que trata de evitar que se aborde es el desacato a la orden judicial para reinstalar a diez trabajadores injustificadamente despedidos.
Lo anterior fue denunciado por el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, quien representa a los trabajadores que ganaron la querella al Congreso.
“De acuerdo con lo que los medios de comunicación de Veracruz han expuesto, el Congreso del Estado entró en una parálisis. Debió sesionar el 16 de mayo pasado, y no lo hizo; reprogramó su sesión para el 23 de mayo, y tampoco se celebró; prevista que está para el 30 de mayo, no hay certeza de que sesionen los diputados”, expuso en un comunicado.
Manifestó que “uno de los temas que se estaría tratando de evitar que se aborde es aquel que visibilizamos hace poco: el desacato del Congreso a la orden judicial que dispone que deben reinstalar a diez trabajadores injustificadamente despedidos”.
Sostuvo que el tema debe llegar a la más alta tribuna del estado porque, en primer lugar, “se trata del desprecio del órgano legislativo a las órdenes judiciales lo que, sostenemos, fractura el orden constitucional y lastima el concepto de división de poderes: el Congreso hace las normas, pero es el primero que debe cumplirlas, si se lo ordena otro Poder, el Judicial”.
“Debe ser tocado el tema por los diputados, porque el 16 de mayo pasado habrían debido acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (que llamó al Congreso a su sede), y no asistió persona alguna que los representara. Deben abordarlo porque el Congreso es también un órgano de control político, y deben los legisladores preguntarse por qué el tribunal burocrático decidió mimarlos y postergar la reinstalación de los trabajadores hasta agosto de este año, con una dilación que no se justifica ni se entiende, sino a la luz del ánimo de complacer a la Junta de Coordinación Política”, sentenció Llanes.
Finalmente, puntualizó que los 50 legisladores locales deben abordar este tema en sesión “porque todos fueron denunciados por incumplimiento de un deber legal y hay una carpeta de investigación activa en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la 294/2024”.
El comunicado fue suscrito también por la abogada Laura Mónica Sainz Ramírez y el abogado Alan Cervantes Domingo, integrantes del despacho jurídico.
