Además de obligarlas a ir acarreadas en supuesta “defensa” de Nahle, les descuenta Sergio Rodríguez el día a las empleadas de Procuraduría del Medio Ambiente que asistieron

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Trabajadoras de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) difundieron una queja porque les descontaron el sueldo correspondiente al día en que las obligaron a asistir a la “defensa” de Rocío Nahle.

Las empleadas de la PMA anotaron que desde hace más de un año las obligan a asistir a los actos políticos de Rocío Nahle, al igual que a los trabajadores hombres, como ocurre en todas las dependencias del gobierno del estado.

Pero en su caso, además de que les obligan a ir acarreados y a pagar sus gastos de traslado, todavía les exigen pedir permiso por escrito para que se les descuente el día como falta laboral.

Lo que les han dicho es que el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez Cortés, dio esa instrucción porque como tiene conflictos tanto con la anterior contralora estatal, Mercedes Santoyo Domínguez, como con el actual titular de la dependencia Miguel Ángel Olivares Martínez, busca evitar que la Contraloría le haga observaciones por la falta masiva del personal.

Ahora, muchas de las empleadas que fueron obligadas a asistir a la marcha en favor de Rocío Nahle la semana pasada, como “premio” se les descontó el día por no haberse presentado a trabajar.

Los trabajadores de la PMA también se quejan porque mientras los directivos tienen buenas condiciones de trabajo, ellos carecen de prestaciones y ni siquiera tienen seguro social, aun cuando es una obligación del gobierno del estado darles esta cobertura.

A todo esto, le suman que existen varios jefes y jefas que por su baja preparación y capacidad, al no poder ser precisos en sus instrucciones, humillan al personal culpándolos de que las cosas no salen como ellos quieren, además de que han tomado la costumbre de obligar al personal a permanecer hasta más de 14 horas en los sitios de trabajo, aun cuando no tengan nada que hacer.

Este maltrato a los trabajadores se da, mientras ven al titular de la dependencia haciendo lo que ellos consideran extorsión a empresarios, substracción del presupuesto, uso de los bienes públicos, y sin que el gobernador intervenga, a pesar de estar al tanto de lo que ocurre.