Rocío Nahle no puede demostrar haber vivido de manera efectiva en Veracruz cinco años antes de la elección: abogado Fidel Ordóñez

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El abogado constitucionalista Fidel Ordóñez afirmó que la candidata oficialista a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, incumple con el requisito de residencia para ser elegible, pues no puede demostrar haber vivido de manera efectiva en Veracruz cinco años antes de la elección.

En conferencia de prensa, destacó que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma a la Constitución local para reconocer como veracruzanas a aquellas personas que sin ser nacidas en el estado -como Nahle, que es de Zacatecas-, tienen hijos en la entidad.

Sostuvo además que Rocío Nahle no puede demostrar haber vivido de manera efectiva en Veracruz cinco años antes de la elección para cumplir con el requisito de residencia, ya que durante ese tiempo fue secretaria de Energía del gobierno federal y para cumplir con esa función tuvo que radicar en Tabasco mientras se construía la refinería de Dos Bocas en Paraíso.

Citó las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que anuló las candidaturas de Miguel Ángel Yunes Márquez por la alcaldía de Veracruz en 2021 y recientemente la de Santiago Nieto al Senado por Querétaro, precisamente por no tener residencia.

“Si eres senador de la República o diputado federal no pierdes la residencia, pero ella pidió licencia (al Senado, en 2018) y al pedir licencia se convierte en secretaria de Estado. Y los secretarios de Estado pierden la residencia porque el núcleo del poder está en la Ciudad de México y su desarrollo y trabajo, como lo fue, se dividió en Ciudad de México y en Villahermosa, Tabasco. De ninguna manera en Veracruz”, explicó.

Incluso se refirió al recibo de luz que recientemente se filtró y que se le atribuye a la vivienda de Nahle en Coatzacoalcos, lo que demostraría que no la habita porque es ilógico que pague menos de 900 pesos al bimestre por el servicio.

Manifestó que los partidos políticos tendrán que presentar una impugnación para intentar echar abajo sus aspiraciones, incluso una vez que hayan pasado las elecciones del 2 de junio.