El derecho de piso
Por Javier Solórzano Zinser
El derecho de piso es desde hace varios años una calamidad abrumadora que lleva a muchas familias a estar entre la vida y la muerte.
Lo que parecía circunscribirse únicamente a zonas dominadas por los cárteles de la droga, en los últimos años se ha extendido al grado de que pequeñas bandas se vengan dedicando a ello.
Hace como 10 años conversábamos con regularidad con diferentes dueños o encargados de pequeños negocios —tiendas, fondas, cervecerías, paleterías, por mencionar algunos— en el Centro Histórico de la capital. Nos buscaron para denunciar lo que estaban viviendo. Nos encontramos en diversas ocasiones y nos contaban cómo vivían auténticamente sometidos por bandas o por grupos que se acreditaban como cárteles de drogas exigiendo cantidades de dinero que eran materialmente imposibles de pagar.
Varios de estos negocios tuvieron que cerrar a pesar de haber presentado denuncias, las cuales por más que hayan sido atendidas en una oficina nunca llevaron a que la autoridad tomara cartas en el asunto. Para muchos de estos comercios fue imposible mantener las puertas abiertas. Tuvieron que cerrar y en algunas ocasiones, incluso, entregar sus negocios a las bandas que además de todo se encargaban de reabrirlos o rentarlos.
No han cambiado mucho las cosas, más bien las cosas se han agudizado. Hay un mayor control en algunas zonas, pero prevalece la ley de la selva en donde los problemas de plano se resuelven en negociaciones porque los dueños de negocios, por pequeños que sean, saben que en la mayoría de los casos prevalece la impunidad.
Si esto pasa en la capital en pleno Centro Histórico, imagínese lo que se puede vivir en muchas regiones del país. El derecho de piso se ha convertido en una forma de vida. Así lo asumen quienes lo padecen y quienes lo ejercen. Los ciudadanos se encuentran aislados porque la autoridad en el extremo les pide denuncias como si pudieran poder identificar a quienes llegan con una pistola en la mano o con amenazas de muerte a las familias.
Lo que pasó en Texcaltitlán es la manifestación del hartazgo ciudadano. Los pobladores plantearon un hasta aquí al cártel de la Familia Michoacana que exigía cantidades de dinero bajo amenazas de muerte en medio de una situación apremiante de los habitantes.
Cada vez hay más casos como éste. A pesar de que haya antecedentes y denuncias de lo que está pasando en un gran número de casos la autoridad es omisa o decide llegar días después para tratar de apagar fuegos, cuando ya no los hay.
En Guerrero la situación está al límite. Acapulco en medio de su tragedia está metido en un lío en el cual la autoridad le exige a los transportistas que circulen mientras que éstos son amenazados por grupos de la delincuencia organizada que les exigen un derecho de piso.
Lo que se ha hecho en la mayoría de los casos es “resolver”, en la medida de lo posible, los problemas sin hablar con la autoridad.
Las cosas han llegado a tal nivel que son los afectados quienes tratan de atemperar los ánimos negociando con los delincuentes. Les han pedido buscar soluciones que lleven a no acabar con la “gallina de los huevos de oro”.
Buscan negociar, porque llevar las cosas al extremo en cuanto a las exigencias de la delincuencia llevaría en muchos casos al cierre de negocios, restaurantes y pequeños hoteles. No hay manera de que las autoridades no estén al tanto de todo esto. Al igual que en otros estados se dejan pasar las cosas o están en franca complicidad con las bandas o los cárteles de la droga.
El derecho de piso está ahogando y matando a un buen número de comunidades, lo que incluye las grandes ciudades.
RESQUICIOS.
En un capítulo más de meterle el pie al Inai e ir desapareciendo los institutos autónomos, el Presidente propone quitarle parte de su presupuesto para utilizarlo en las pensiones, las cuales quiere que sean administradas por su Gobierno.
