Por Raúl Arias Lovillo
La semana pasada hablamos de algunos focos rojos que amenazan seriamente nuestro futuro. El primero, la inviabilidad económica del proyecto de la 4T, que despilfarra los recursos públicos y que resultará, más temprano que tarde, en una fuerte crisis financiera que explotará en las manos al próximo gobierno. En segundo lugar, la imparable violencia e inseguridad en la que vivimos diariamente; los hechos recientes en la comunidad de Texcapilla, en el Municipio de Texcaltitlán del estado de México, donde campesinos se enfrentaron con escopetas, palos y machetes a integrantes del grupo criminal la “Familia Michoacana” para defenderse de las extorsiones, muestra una vez más la ausencia de un Estado que garantice la seguridad de los ciudadanos. En tercer término, la creciente e imparable militarización del país; este día martes Morena ha convocado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Senado para entregar formalmente la Guardia Nacional a la SEDENA y para anclar la militarización en la Constitución.
Hay un consenso general sobre la importancia de atender estos focos rojos. Por supuesto hay otros focos rojos preocupantes, pero un colega y amigo muy cercano me hizo referencia a un gravísimo problema que se ha venido gestando a lo largo de los años del presente gobierno y que hoy constituye un foco rojo muy alarmante. Se refería mi amigo, con toda razón, a la concentración de poder en el presidente AMLO y a su deseo de convertirlo en un poder absoluto.
A lo largo de su historia nuestro país no se ha caracterizado, precisamente, por mantener un sistema democrático. Tantos años bajo el dominio de un sistema de partido casi único, constituyen el mejor ejemplo de la antidemocracia mexicana. Pese a que muchas generaciones en el país crecimos con la imagen de un presidente omnímodo, que todo lo podía, nunca habíamos sufrido la presencia de un autócrata en la presidencia de la República. La autocracia se define como la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la ley suprema. Esto es, precisamente, lo que hemos vivido con AMLO. Desde el inicio de su gobierno dio clara señales de mantener un Congreso absolutamente a su favor, comprando diputados para que pasaran a las filas de su partido. Hemos sido testigos de su embate contra el poder judicial, así como también contra las instituciones electorales. Al presidente le molesta cualquier forma de crítica a su gobierno, rechaza a cualquier institución que detente un carácter autónomo, se trata de un presidente que no dialoga, impone su pensamiento a través de las “mañaneras”, un verdadero púlpito nacional, donde sus palabras son verdades absolutas. No tiene empacho en pasar por encima de preceptos constitucionales para conseguir sus objetivos. El presidente es enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Nada se mueve en Palacio Nacional sin su parecer. Todas las decisiones de su gobierno pasan por su persona. Ha logrado concentrar un enorme poder, como nunca nadie en la historia de México.
Bajo estas consideraciones, no es difícil encontrar al responsable de todos los errores y desatinos del gobierno en los últimos cinco años: el desastre financiero, la violencia y la inseguridad, la creciente militarización, el deplorable estado de la educación, la tragedia que vive el sector salud, el fracaso de sus obras más relevantes (AIFA, Dos Bocas y Tren Maya) con su mala planeación y escandaloso sobre costo, y un largo etcétera. No hay otro, el responsable es el presidente AMLO. Aunque también, con la misma certeza, tenemos que aceptar que la autocracia nos ha salido muy cara en muchos sentidos y que hoy constituye un alarmante foco rojo.
*Por el periodo de vacaciones volveremos a publicar esta columna en el mes de enero de 2024. Felices fiestas.
