En sesión extraordinaria del Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana (UV), las y los integrantes del pleno aprobaron por mayoría la “primera fase de las gestiones” que la institución realizará para que el Gobierno de Veracruz cumpla con su obligación constitucional de otorgarle el 4 por ciento de su presupuesto total.
En calidad de presidente del CUG, el rector Martín Aguilar Sánchez expresó su postura de “buscar el diálogo” con los poderes Ejecutivo y el Legislativo estatal para el cumplimiento del artículo 10 de la Constitución del Estado de Veracruz.
“Me pronuncio por mantener la exigencia legal y legítimamente viable de que el Gobierno del Estado cumpla con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz, y asigne a la UV el 4 por ciento de su presupuesto total.”
Durante la sesión, que reunió a autoridades universitarias y 343 consejeros y consejeras de las cinco regiones, el rector propuso la primera fase de un plan de acción que incluya medidas en dos aspectos centrales para el logro de este objetivo.
El primero, consiste en ratificar el diálogo y las negociaciones con el Gobierno de Veracruz para que en 2024 cumpla con la entrega a la UV del 4 por ciento del presupuesto total general del estado, así como una campaña pública de sensibilización dirigida a la sociedad en general y comunidad universitaria.
“Dicha campaña debe mostrar los resultados del trabajo que hacemos en los diversos terrenos de nuestro quehacer institucional, organizada y dirigida por las autoridades universitarias de las cinco regiones”, precisó.
Aguilar Sánchez expuso que en la primera fase de la campaña, el objetivo es que la sociedad conozca los logros, aportes y necesidades en el ámbito de sus funciones sustantivas, de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios. Será puesta en marcha a partir del próximo 5 de septiembre.
Posteriormente, el 7 de octubre entregarán la solicitud del pliego para el presupuesto 2024, y paralelamente continuarán con las gestiones ante el Congreso local, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Para contextualizar el tema, Marisol Luna, abogada general de la UV, señaló que en noviembre de 2017, el Poder Legislativo local aprobó una reforma constitucional en materia de financiamiento a la educación superior. En el penúltimo párrafo del artículo 10 de la Constitución local, se establece que el presupuesto asignado a la UV no podrá ser menor del 4 por ciento del total del presupuesto generado en el estado.
El transitorio segundo de la referida reforma instauró que para el cumplimiento de lo anterior, el presupuesto de la UV para 2017 será de 2.58 por ciento del total del presupuesto del estado. Para 2018, se fijaría el 3 por ciento, a partir del cual se incrementaría gradualmente de forma anual hasta llegar al mínimo establecido para el ejercicio 2023.
En septiembre de 2020, el Poder Legislativo nuevamente aprobó la reforma constitucional en materia de financiamiento a diversos entes, donde se reafirmó que, respecto a la UV, continuaría en vigor lo dispuesto en el artículo 10 con relación a su presupuesto anual.
Por lo anterior, el plazo establecido de seis años para alcanzar el porcentaje establecido se agotó sin haberse realizado lo propio. “La UV está obligada a requerir el cumplimiento de lo que por derecho le corresponde”.
Con relación al estado actual que guardan las finanzas de la UV, Lizbeth Viveros Cancino dio a conocer que para 2023 se ejercerán tres mil un millón de pesos de subsidios estatales ordinarios; 250 millones por recursos complementarios para el desarrollo de proyectos estratégicos; más 90 millones de pesos que serán destinados para la construcción y equipamiento del Teatro Universitario, y 63.4 millones de pesos del subsidio estatal ordinario complementario.
Esto significa un total de tres mil 404 millones 402 mil 960 pesos, con el propósito de garantizar el derecho a la educación superior con excelencia, ampliación de la matrícula y planes de estudio pertinentes.
