¿Un futuro sin reglas?
Por Javier Solórzano Zinser
Día con día surgen evidencias de la necesidad de cambiar parte del marco de la ley electoral, la cual necesita con urgencia adaptarse a los nuevos tiempos.
Todas las irregularidades que se están presentando son parte inevitable de la evolución de las sociedades en relación a los sistemas políticos, suele suceder, particularmente en los últimos años, que lo que nos rige democráticamente de manera vertiginosa deja de ser operativo y deja también de sernos útil para resolver nuestros problemas electorales.
Las cosas están cambiando demasiado rápido. Lo que hoy tenemos en las leyes ha dejado muy pronto de tener vigencia y lo más delicado es que nos ha metido en terrenos de irregularidades en donde desde diferentes ámbitos se está llevando el marco legal a segundo plano, en el mejor de los casos.
En medio de estas contradicciones las leyes electorales no son contempladas por los actores políticos, pareciera que les estorban y en muchos casos para justificar las argumentaciones se hable en nombre de las mayorías. Una de las paradojas es que quienes exigían la aplicación de las leyes hoy están precisamente haciendo todo aquello que criticaban.
No se ve que pueda haber marcha atrás. Se perfila que las cosas serán así hasta 2024. Ya se verá si se llega a singulares acuerdos, y que sin cambiar las leyes por lo menos prevalezca un clima de civilidad política. No dudaríamos que llegaran a acuerdos en donde se presenta el menor número de demandas para que al fin y al cabo se puedan ir, de alguna u otra manera, por la libre; como fuere, al final del camino todos tendrán cola que les pisen.
El problema va siendo cada vez más delicado, porque los derrotados seguramente presentarán todo tipo de demandas para desacreditar el triunfo del oponente. Si no se llega a acuerdos y consensos en el corto plazo las elecciones van a acabar siendo un galimatías con secuelas en lo social y político.
No hay indicio alguno de que los partidos y los actores políticos quieran respetar el marco legal electoral. Nadie se quiere quedar atrás y para ello no les importan las condiciones bajo las cuales se rigen los procesos.
Da la impresión, por lo menos por ahora, que el INE está viendo el problema a distancia. Sus consideraciones están tratando de conciliar algo que cada vez es más difícil de hacer. El INE es el árbitro electoral, es el responsable de aplicar las leyes y hacer las observaciones y acciones que impidan más ilegalidades.
Es un hecho que muchas de las leyes que nos rigen están siendo rebasadas por las nuevas condiciones políticas en el país; el dilema es qué hacer ante ello. Para cambiar las leyes requerimos de consensos. No basta con que el gobierno o el partido mayoritario planteen los cambios. En todos los procesos de cambio de la legislación electoral el eje ha sido el consenso entre mayorías y minorías, lo que ha generado la credibilidad y efectividad electoral.
Los cambios en las leyes han sido a partir de la finalización de procesos electorales, a diferencia de lo que se intentó en los últimos meses con una propuesta presidencial a la que no se le podía cambiar ni una coma. Los cambios en consenso fortalecieron la democracia, los equilibrios y la pluralidad.
El desenlace de lo que pasó con el Plan B es la prueba del desaseo y la falta de los necesarios consensos para cambiar el régimen electoral. Más allá de la decisión de la Corte, si algo quedó en claro es que se quisieron cambiar las leyes a como dé lugar sin buscar en los hechos consenso alguno.
Lo peor que puede pasar es que bajo las condiciones en las que estamos se nos venga un futuro sin reglas.
RESQUICIOS
No se ve por dónde haya un periodo extraordinario. Difícilmente se moverán las cosas y el Inai y la transparencia seguirán padeciendo la inanición de Morena en el Congreso. El otro problema que se nos viene es que no vaya a ser que las cámaras estén más atentas a la agenda política que a la agenda legislativa; todo indica que para allá vamos.
