Integrantes de colectivas, asociaciones civiles y redes de mujeres del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, expresaron su preocupación por las manifestaciones de odio en las que funcionarios públicos de Veracruz participaron durante la concentración a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado fin de semana.
En un pronunciamiento hecho público este lunes, hicieron especial énfasis en la imagen en la cual se aprecia al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, cargando un ataúd con el rostro de la ministra Norma Piña y con una cruz con su nombre escrito.
“Es muy grave que quien preside este Sistema ignore los tratados internacionales donde México se compromete a tomar las medidas pertinentes para erradicar la violencia de género y en cambio, se dedique a hacer apología del delito sin aparente preocupación de enfrentar consecuencia alguna, aún si ello está tipificado en el Código Penal federal en el libro segundo, título octavo, capítulo siete en su artículo 208”, subrayaron las activistas.
Destacaron que no es la primera vez que Eric Cisneros Burgos se ve envuelto en señalamientos por violencia de género, como cuando agredió a la diputada Ruth Callejas durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz.
“Todo servidor público tiene la obligación de conducirse de modo que, independientemente de su sistema de valores personales, su actuar no reproduzca estereotipos de género que perpetúen la desigualdad entre hombres y mujeres.
“Esto se encuentra plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres así como sus homólogas en las diversas entidades de la República”, enfatizaron.
Mencionaron además que en dicha concentración participaron también altos mandos de las diversas dependencias del estado, diputados, diputadas e inclusive el propio gobernador, así como personal de confianza y personas basificadas del Gobierno de Veracruz, quienes –afirmaron- se prestaron para ejercer “violencia política, simbólica contra una ministra de la SCJN o contra cualquier otra mujer”, lo cual tendría que ser señalado y sancionado con una garantía de no repetición, si se actuase en concordancia con el marco legal nacional e internacional.
“Es lo menos que esperamos, un exhorto de los organismos encargados de la observancia del cumplimiento de los tratados internacionales al estado de Veracruz para que cumplan con su compromiso con las mujeres, esto incluye a la CONAVIM, al INMUJERES, a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos y al Congreso de la Unión”, puntualizaron.
Otra de las preocupaciones que manifestaron fue la falta de cumplimiento de los objetivos del programa “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas en Veracruz”, así como la ausencia de avances significativos en el seguimiento de las dos Alertas de Violencia de Género en el estado.
“No conocemos el estatus en el que se encuentran las observaciones a partir del grupo de trabajo encargado del análisis de una tercer Alerta por desaparición de mujeres, adolescentes y niñas; para muestra, tenemos que tan solo en el primer trimestre del año fueron reportados 25 feminicidios y 20 homicidios de mujeres por el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres. De seguir esta tendencia vamos a consolidarnos como el estado que más veces ha encabezado la lista de los más peligrosos para ser mujer en México”, sentenciaron las integrantes del SEPASEV.
