Trabajadores del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados y Acompañados del DIF estatal de Veracruz (CAS), denunciaron que al interior del organismo se les cobra hasta cinco mil dólares a los migrantes internados para permitirles fugarse de las instalaciones.
En un video de seguridad del CAS que llegó a la redacción de La Clave online, se observa cómo un migrante menor de edad se fuga de las instalaciones en las que no hay ninguna clase de vigilancia. Estos hechos habrían ocurrido apenas el pasado fin de semana.
De acuerdo con los denunciantes –que pidieron resguardar su identidad por temor a represalias-, ésta ha sido una práctica recurrente dentro del CAS, pues a los migrantes que cuentan con recursos para pagar se les otorgan facilidades para su huida, sin que el personal “se dé cuenta”.
Relataron que el pasado día 25 de noviembre de 2022, seis personas de origen cubano no se presentaron a cenar sin que eso causara extrañeza ni alarma entre el personal operativo, cuya obligación es realizar el conteo y rondín de los internos antes, durante y después de los alimentos.
“La tarde noche del pasado 25 de noviembre se evadieron del resguardo mediante salida no autorizada seis ciudadanos de nacionalidad cubana (tres adultos y tres menores de edad) alojados en el CAS, bajo extrañas circunstancias de violación de la seguridad y sin que a la fecha se cuente con mayor información al respecto ni que se haya realizado integración de ningún tipo de averiguación, sanción o apercibimiento sobre ningún colaborador por la omisión, colaboración o participación en los hechos narrados”, afirmaron los denunciantes.
Aseguraron que hay señalamiento directos de que los migrantes pagaron cinco mil dólares a los servidores públicos del CAS y señalaron como responsables al encargado del Centro de Asistencia Social para Migrantes Acompañados Raúl Ramón Morales Solis, al coordinador de Operativos José Luis Cortés Gamino y a la enlace Administrativo Ayslinn Vargas.
Sostuvieron que todo lo anterior es del conocimiento de la subprocuradora de Centros de Asistencia Social de la Niñez y la Adolescencia del DIF estatal, María Leonor Emma Kuri Galván, quien de acuerdo con esta versión cuenta con todas las pruebas y denuncias contra los funcionarios involucrados.
