La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un ciudadano que buscaba obligar al Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, a responder tres peticiones de información que hizo en la red social Twitter.
En sesión de este miércoles, los ministros dieron la razón al joven que buscaba recibir información sobre el presupuesto destinado a obras que se realizaron en el municipio y cuyas solicitudes fueron ignoradas.
De acuerdo con el ponente del proyecto, Jorge Mario Pardo Rebolledo, si los gobiernos habilitan una cuenta en una red social «nada, en principio debería impedirle atender aquellas peticiones que fueren de su conocimiento por dicha vía”.
El gobiernomunicipal de Guadalajara buscó echar abajo el argumento, mencionando que Twitter no está regulada como vía para atender el derecho de petición. Sin embargo, el ministro consideró que bajo esa premisa sería tan ilegal el uso de la red social para difundir información oficial.
«En cualquier caso, en el presente asunto, nada habría impedido al Gobierno Municipal responsable, responder una petición formulada por “twitter”, sea para requerir mayor información, orientar al denunciante sobre la vía de formalizar su petición o incluso, hacer llegar una prevención formal, como alternativas de contacto que permitieran iniciar de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo en los términos previstos en la legislación aplicable; o enviar la información solicitada», insistió.
Los hechos sientan un precedente para cualquier ciudadano que lleve su caso ante tribunales constitucionales y exija la atención de sus solicitudes ante los gobiernos municipales y estatales.
«Lo que no es posible aceptar, es que, si una autoridad habilita una vía para interactuar con la ciudadanía y que permite la captación de peticiones, éstas no se respondan o sólo se respondan de forma discriminada unas peticiones y no otras, en transgresión a los artículos 1º120 y 8º de la Carta Magna», concluye el proyecto.
