«Todos los gobiernos son iguales»
Por Javier Solórzano Zinser
Al gobierno se le está yendo de las manos la posibilidad de resolver uno de los asuntos más aciagos y dolorosos para el país de los últimos años y con el cual se está jugando mucho de su prestigio.
La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, no sale de los terrenos de la confusión quedando la impresión que al igual que el pasado gobierno si algo se estaría tratando de hacer es proteger a los militares. En cuanto aparece esta variable las cosas entran en áreas en que no se pueden dar más pasos o surgen diversas versiones e interpretaciones.
Es en este renglón donde la investigación está enfrentando un dique, el cual no permite conocer más allá de lo que hasta ahora ha investigado el equipo de Alejandro Encinas.
No tiene sentido soslayar los avances que se tuvieron en la pasada administración. Ni por asomo insinuamos que se haya resuelto el caso o algo parecido, más bien fue quedando claro que a través de las investigaciones realizadas, que terminaron en la desafortunada “verdad histórica” se conocieron elementos que fueron armando hipótesis fundadas de lo que pudo haber sucedido.
El caso en sí mismo es de enorme complejidad. Hay que agregar a ello el desaseo con el que en diferentes momentos se actuó. Uno de los grandes problemas de lo que se hizo en el pasado fue que se utilizaron mecanismos como la tortura para sacar declaraciones que fueran ciertas o no pierden toda validez; es la violación al debido proceso.
Al gobierno le ha entrado la misma prisa que le entró al que lo antecedió. Los presidentes fueron empujando una salida para tener una respuesta que se le había ofrecido por diferentes medios a los padres y madres de los normalistas. Sin embargo, en ambos casos, con importantes variantes en la presente administración, las cosas parecieran que se estancan o se confunden en cuanto se pone en la mesa el papel que podían haber jugado los militares en la llamada “noche más triste”.
En las últimas semanas la confusión ha crecido. La controvertida entrevista con el NYT de Alejandro Encinas provocó dudas en la investigación, más desconfianza e incredulidad entre los padres y madres de los estudiantes.
A pesar de que Encinas niegue haber expresado lo que publicó el influyente diario estadounidense, días después el GIEI vino a confirmar la desestimación de pruebas de manera contundente.
Sin embargo, el Presidente ayer aseguró que las pruebas son válidas y que la investigación sigue su curso. Cualquier revés que pudiera tener el Presidente en este tema tiene una muy preocupante repercusión, porque López Obrador ha tenido como una de sus banderas desde la oposición, como candidato y como Presidente conocer la verdad sobre la desaparición de los estudiantes.
No es casual que uno de los padres de familia que pidió el anonimato haya declarado que no hay avance y que lo que está pasando es similar a lo que vivieron en el pasado sexenio: “Lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto es lo mismo que querían hacer ellos, engañarnos con mentiras… todos los gobiernos son iguales… no es que no queramos aceptar que nuestros hijos están muertos, lo que queremos son pruebas”.
En la desesperación y el paso del tiempo que han padecido los padres y madres de familia todos estos años, su reacción tiene la lógica de no tener resultados. Para el Presidente está pasando lo que presuponemos menos quiere, lo empiezan a ver como no quiere por ningún motivo que lo vean, y las interminables complicaciones e intereses pueden llevar a todo ello, si se quiere bajo un reduccionismo, pero también a la exigencia de resultados, los cuales no aparecen.
RESQUICIOS.
Los 7 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH desmintieron que hubieran aprobado una recomendación para apoyar la transformación del INE y menos haberlo calificado como “instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo”, como aseguró la alineada Rosario Piedra Ibarra, lamentable.
