Entre el narco y la violencia política, asesinatos de periodistas en México: SIP

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La violencia contra los periodistas continuó siendo la norma en este período de acuerdo con el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Once periodistas fueron asesinados y, en todos los casos, los crímenes ocurrieron en el interior del país, donde el crimen organizado se encuentra arraigado. No se descartan, sin embargo, vínculos políticos en ninguno de los homicidios.

«La constante ante esta violencia sigue siendo la impunidad. Ningún caso fue resuelto y, aun cuando se supone que son investigaciones abiertas, ninguna autoridad ha confirmado la detención de los autores intelectuales ni materiales de estos crímenes», advirtió en su informe para el caso México.

La reacción automática del gobierno nacional es lamentar el fallecimiento de los reporteros, prometer investigaciones serias y acusar a los medios de usar esos casos para hacer «amarillismo» y denostar al gobierno con exageraciones. Ante las altas tasas de criminalidad, el gobierno alimentó el debate proponiendo que la Guardia Nacional dependa del Ejército y no de instancias civiles.

 

«Desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de acusar a los periodistas de ser parte de una conspiración empresarial para afectar a su gobierno. Argumenta que los ataques periodísticos se deben a que los medios y periodistas han perdido privilegios de publicidad y prebendas».

En su conferencia mañanera de los miércoles, el Presidente mantiene su sección «Quién es quién en las mentiras«, en la que refuta a los medios críticos contraargumentando falsedades, datos parciales o haciendo desmentidos sin ofrecer pruebas.

Presionado por la cantidad de periodistas asesinados, el Presidente dijo que en 15 días presentaría un informe sobre las investigaciones, lo que no cumplió o lo hizo de forma parcial ante la falta de avances.

Artículo 19 presentó un informe sobre el primer semestre del año en el que documentó 331 agresiones contra la prensa y destacó que el Estado sigue siendo, desde hace 15 años, el principal agresor contra el periodismo.

Durante el actual gobierno el gasto en comunicación social para anunciar acciones y políticas se ha venido reduciendo año tras año. Existe una práctica discrecional y opaca para la asignación de publicidad oficial.

 

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