Por Miguel Casillas
Por desgracia, a la larga serie de crímenes cometidos contra estudiantes universitarios por parte de soldados o policías, en estos últimos días se suman los casos de Zacatecas y de Guanajuato. La grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, con miles de desaparecidos (en su mayoría jóvenes) y miles de muertos, hoy cobró de manos de un oficial de la Guardia Nacional la vida de un estudiante y ha lesionado de gravedad a una compañera suya en Guanajuato
De nueva cuenta, miles de jóvenes estudiantes universitarios agraviados por el asesinato de su compañero, acompañados de profesores y hasta de las autoridades universitarias, han vuelto a marchar por las calles para exigir justicia, para reclamar que no se repita más, para demandar del Estado protección. A sus voces se suman las de miles de universitarios de otras instituciones y de otros estados del país. Frente a ello, otra vez, el silencio o la indiferencia de los responsables.
Hay una larguísima lista de afrentas, de asesinatos, desapariciones y torturas contra estudiantes universitarios en México cometidos por policías y soldados que han actuado bajo las órdenes, la protección y la complicidad de funcionarios públicos y de políticos. Las cosas vienen de lejos, desde los años sesenta o antes, y no se han detenido; Ayotzinapa es una herida que sigue abierta, pero en cada universidad se suman las historias de muchos jóvenes. Es una situación reiterada.
Los estudiantes universitarios son víctimas constantes de agresiones por parte de policías y soldados. Lo más grave y triste son las desapariciones y los asesinatos, pero es muy frecuente que sean víctimas de apañones en la calle o en los retenes, que sean extorsionados bajo acusaciones absurdas de faltas a la moral o por ultrajes a la autoridad. Los estudiantes son asiduos visitantes de cuarteles y mazmorras a donde los llevan muchas veces a golpes casi por cualquier motivo.
Como siempre sucede después de un asesinato de un estudiante o una ofensa cualquiera cometida por una autoridad o por un representante de la ley, predomina la impunidad. Casi nunca hay culpables, ni responsables, ni se toman medidas para evitar que se repitan estos hechos, ni hay reparación del daño. Las autoridades gubernamentales callan y silencian las voces que reclaman justicia. Desde el poder, hay un sistema de complicidades que impide la justicia.
Con mayor o menor acompañamiento de sus autoridades universitarias, en general las comunidades se movilizan para exigir justicia de un modo reactivo. Son movimientos espontáneos, de personas indignadas, hartas de la violencia y de ser objeto de agresiones sistemáticas desde el Estado. Hasta ahora han sido movimientos aislados, pero es evidente que es necesaria una respuesta universitaria a nivel nacional.
No es posible encontrar una respuesta racional al hecho que un soldado dispare un rifle de alto poder contra un par de chicos que no se detienen en un retén. No es un accidente ni un hecho único, es una situación que vivimos de modo reiterado en diferentes partes del país. Vivimos en un estado policíaco y crecientemente militarizado, en el que los ciudadanos sufrimos con terror la arbitrariedad que priva en los retenes. Lo que pudo haber sido una estrategia de emergencia, se ha convertido en un sistema permanente de control, vigilancia y en ocasiones de extorsión; ahora todas las policías municipales, estatales y federales instalan retenes, también lo hace la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.
La estrategia de militarizar la seguridad ha sido un fracaso. No sólo porque la formación militar no está orientada al cuidado de la ciudadanía, sino porque la socialización profesional de policías y de militares incluye la reiteración de fuertes estereotipos, en ellos los jóvenes son sospechosos, más si son universitarios. Esta estrategia viola sistemáticamente los derechos humanos y limita las libertades públicas, se opone a una ciudadanía activa y continúa lastimando a la sociedad.
El término juvenicidio, acuñado por José Manuel Valenzuela expresa con claridad lo que está sucediendo en nuestro país. En el conjunto de los jóvenes, los estudiantes universitarios están pagando una dolorosa cuota de sangre y de agravios donde predomina el abuso y la impunidad. La grave crisis de derechos humanos que vivimos exige una solución inmediata. Los militares deben regresar a sus cuarteles y las policías deben estar bajo control ciudadano. El Estado no debe seguir estando contra la sociedad.
