Por Alberto J. Olvera
El inminente referendo revocatorio reconvertido en ratificatorio exhibe todas las falencias y riesgos de una democracia precaria como la nuestra. En primer lugar, se corrobora que las formas de democracia directa pregonadas por el presidente como una legítima expresión de la voluntad del pueblo han sido manipuladas demagógicamente y completamente desvirtuadas al convertirlas en meros actos legitimatorios de las decisiones ya tomadas por el mandatario o, como es el caso, en un mecanismo aclamatorio destinado a consolidar su poder unipersonal.
Estos actos de simulación siguen la tradición creada por los gobiernos de la transición a la democracia, que instituyeron en los últimos veinte años múltiples formas de “participación ciudadana” que resultaron en su inmensa mayoría meras simulaciones sin contenido democrático.1 Pero lo grave y distinto en esta ocasión es que el primer referendo revocatorio de nuestra historia puede marcar un punto de ruptura con la institucionalidad democrática penosamente construida en los últimos 25 años, al utilizarse como una herramienta de presión típicamente populista en contra del Congreso, el Poder Judicial y las instituciones autónomas. No se exagera al decir que en los próximos días caminaremos al filo de la navaja, pues esta coyuntura puede marcar un antes y un después de nuestra historia política reciente.
La sospechosa figura de la revocación de mandato
El presidente López Obrador presionó al Congreso para que se incluyeran en la Constitución las figuras de la consulta popular vinculante y de revocación de mandato en 2019. De origen la iniciativa resultó sospechosa. No sólo la revocatoria resultaría legalmente inaplicable al presidente en turno por ser aprobada posteriormente a su elección constitucional, sino que ningún actor político o social estaba demandando la creación de ese mecanismo. Además, para activarlo y hacerlo legalmente válido se le pusieron estándares inalcanzables (alto número de firmas necesarias para solicitarlo y enorme porcentaje de votación para hacerlo vinculante: 40 % del padrón). En esto la nueva ley copió las absurdas limitaciones impuestas a otras formas de democracia directa contenidas en las legislaciones de la mayoría de los estados del país.2 Por tanto, la iniciativa no tenía seriedad. El referendo revocatorio era de origen materialmente inviable, excepto en la condición extrema de una verdadera crisis política nacional.
Sin embargo, lo que parecía una mera repetición de la demagogia participacionista seguida por todos los partidos de la transición tomó cuerpo por decisión política de López Obrador. El año pasado se impulsó una consulta popular absurda para ver si la ciudadanía aceptaba el enjuiciamiento de los expresidentes de la República. Se trató de un engaño monumental, pues la persecución judicial de exfuncionarios electos y no electos no es un asunto discrecional, sino una obligación del Estado. En realidad, el presidente quería participar en el proceso electoral intermedio de 2021 a través de la “consulta”. La propia ley y las titubeantes decisiones de la Suprema Corte limitaron el alcance político de esta jugada, que a pesar de todo se llevó a cabo el 1 de agosto de 2021. Fue un fracaso político para el presidente, pues no generó interés y, a pesar de la enorme operación de Estado realizada para llevar votantes a las urnas, sólo un poco más de 7 millones de personas emitieron su voto, por lo que la consulta careció de efectos jurídicos y políticos.
Este año, el presidente decidió convocar a un referendo revocatorio, a pesar de la dudosa aplicabilidad legal a su caso, y de que nadie estaba solicitando dicha consulta. López Obrador forzó al Congreso a emitir la convocatoria en términos ambiguos, que permitían tornar el referendo revocatorio en uno ratificatorio, y la Suprema Corte no se atrevió a corregir esta resignificación y manipulación flagrante de la ley, ofreciendo finalmente una salida tan ambigua e imprecisa como la que había producido en 2020. Este giro en el sentido del referendo no sólo viola los objetivos de la ley, sino que ha convertido un instrumento de democracia directa en un acto político de Estado, cuyo único objetivo es fortalecer la imagen y legitimidad del presidente.
El referendo en el contexto de la sublimación del líder
Este proceso debe ubicarse en el contexto de una campaña gubernamental sostenida para colocar en el imaginario público la idea de que el presidente es el único agente de cambio, el sujeto político por excelencia, un líder de dimensiones históricas, a grado tal que sus decisiones no deben ni pueden cuestionarse, sólo obedecerse. Quien no lo haga es sospechoso directo de traición a la patria. Estamos frente a un conjunto de conceptos iliberales sobre la presidencia y el régimen político. El propio mandatario se ha encargado de reiterar su opinión de que su persona está por encima de la ley y de los asuntos mundanos. Su estatura moral y la importancia de su misión lo colocan más allá de cualquier sospecha, por lo que las críticas a su familia, a su equipo y a su desempeño no pueden ser más que resultado de las maquinaciones perversas de los enemigos de la patria. Por ello puede violar las leyes de protección de datos personales y publicitar los ingresos del periodista que investigó a su hijo, acusar una y otra vez a varios medios nacionales e internacionales de conspirar en su contra por publicar información que demuestra sus errores y sus mentiras, y puede exigir a fundaciones y gobiernos extranjeros y a empresarios nacionales que dejen de financiar a think tanks que se dedican a hacer investigación profesional de los asuntos públicos, y que han dado a conocer los escándalos de corrupción del actual gobierno. Incluso los entes públicos autónomos merecen estar en la categoría de enemigos.
Apenas hace un mes, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que detectó graves fallas administrativas, irregularidades y omisiones de rendición de cuentas en los proyectos emblemáticos del presidente, así como en la implementación de sus programas de subsidios y becas. Esto bastó para que AMLO se lanzara en contra de todas las instituciones anticorrupción, señalándolas de ineficaces, costosas y fallidas, como lo ha hecho con el INE y con el Inai.
Más grave aún es la postura de los senadores de Morena, expresada en un desplegado publicado hace unas semanas —por cierto, en violación a la veda que imponía la cercanía del plebiscito sobre la “ratificación” de mandato—. En ella, afirman que: “El presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo; los opositores al presidente, por consiguiente, buscan detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno”. La idea de la trinidad simbólica y funcional del presidente es tributaria de la teoría medieval de los dos cuerpos del rey. Como ha enseñado Lefort, uno de los cuerpos era la representación divina (teológica), dada por la bendición papal y la correcta sucesión nobiliaria, y otro era el físico, el humano terrenal que heredaba el trono (secular). El poder estaba ocupado por un hombre (o mujer) que no tenía que rendirle cuentas a nadie, sólo a Dios. La desacralización del poder producida por la democracia presupone que el poder se vuelve un lugar “vacío”. Ya no lo ocupa un soberano absoluto, ya no existe una legitimidad divina. El poder es ocupado temporalmente por un hombre o mujer que tiene controles diversos y capacidades acotadas legal y políticamente. Se instituye simbólicamente el reconocimiento de la pluralidad y la división de la sociedad. Ya no hay una sociedad orgánica, sino una compuesta por sujetos y corporaciones semiautónomas, un pueblo diverso que se autogobierna por medio de mecanismos que implican la concesión temporal de su representación.
Pero he aquí que, de acuerdo a nuestros ilustres senadores, y del propio AMLO, tenemos como presidente a un hombre a la vez divino y terrenal. Posee un aura moral cercana a la divinidad, y sólo falta que se decrete su infalibilidad, como la del Papa. Esa aura se traslada mágicamente a sus funcionarios y seguidores. El despropósito de esta concepción es evidente, y marca la ruptura conceptual y simbólica de Morena y del actual gobierno con el liberalismo y con la democracia como doctrinas políticas. Si hay un semidiós como mandatario, no hay necesidad de ciudadanos, ni de espacio público, ni de controles políticos al poder. La democracia consistirá entonces en la máxima obediencia al líder. En síntesis, el presidente ha adoptado el pensamiento del filósofo político protonazi Carl Schmitt en plenitud, como lo han hecho los chinos, Putin y otros líderes populistas en el mundo.
No sólo son antidemocráticas estas formas de pensar y de proceder, sino inmorales, puesto que la transición a la democracia en México se fundó en el establecimiento de una pesada reglamentación que evitara que el gobierno autoritario del PRI usara al aparato de gobierno para obtener ventajas en los procesos electorales. Pues bien, Morena es ahora ya, descaradamente, el partido oficial, el nuevo PRI al servicio del presidente, que está usando el aparato de Estado para acarrear votantes al referendo, recurriendo para ello a las viejas tácticas priistas: obligar a los beneficiarios de la política social a ir a votar, forzar a los funcionarios públicos federales, estatales y municipales a convertirse en operadores electorales, y mandar a diputados y senadores a movilizar a sus bases clientelares. La penosa mentira de que existen supuestas “organizaciones civiles” que misteriosamente pagan la costosa campaña publicitaria del referéndum resulta vergonzosa y contradictoria con el declarado rechazo de López Obrador a la sociedad civil.
La “Cuarta Transformación” se ha convertido en una caricatura de sí misma. Lejos de cambiar el sistema político, López Obrador y su partido Morena han avanzado sustancialmente en la restauración del viejo régimen, al menos en lo que se refiere al presidencialismo centralizador, la subordinación de los gobernadores y alcaldes, la existencia de un partido oficial que es una mera oficialía de partes del presidente, la más completa falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la intolerancia autoritaria a la prensa crítica y a todo movimiento social u organización de la sociedad civil que no se pliegue a las órdenes presidenciales.
El referendo como “opción nuclear”
A días de celebrarse el referendo ha quedado en claro que este costoso ejercicio es un paso preparatorio de una amplia ofensiva que busca radicalizar la acción del gobierno. Todo indica que el presidente juzga que los otros poderes del Estado y los órganos autónomos no son controlables al grado por él deseado, y que le impedirán llevar a cabo su agenda de cambios constitucionales y pondrán en grave riesgo la conclusión oportuna de sus proyectos emblemáticos, por lo que es preciso pasar por encima de ellos. Por tanto, en los próximos días caminaremos por un hilo muy delgado, con grandes riesgos de radicalización autoritaria.
El referéndum es el pretexto para movilizar a las bases morenistas con vistas a presionar a la clase política opositora y a las instituciones parlamentarias y judiciales para que aprueben las iniciativas legales y de políticas públicas que le importan al presidente. Es por ello que se programó llevar al pleno de la Cámara de Diputados los cambios constitucionales en materia eléctrica al día siguiente del referéndum, en plena orgía de “triunfo” del pueblo al ratificar al presidente, quien interpretará su abrumadora mayoría, con los votos que sean, como un mandato para concluir sin dilación ni obstáculos sus tareas pendientes. En un posible escenario inmediato, el presidente y su partido presionarían al Congreso (esto es, a la oposición) exigiendo la aprobación de esas leyes, para inmediatamente después pasar las reformas al INE y a la legislación electoral. Podría llegarse al extremo de amenazar que si no se aprueban por el Congreso esas iniciativas, se lanzaría otro referéndum, así sea ilegal, donde “el pueblo” refrendaría dichas leyes y se plantearía así una lucha de legitimidades, donde un Congreso y, en su caso, una Suprema Corte que no “escuchan el clamor popular” deberían ser destituidas o presionadas de tal forma que se sometan a la voluntad presidencial. El órgano electoral, que sí o sí será responsabilizado del esperado fracaso de la consulta en términos de baja participación, será acusado de no haber permitido la plena expresión de la voluntad del pueblo al limitar el número de casillas e impedir que los funcionarios públicos promovieran libremente la votación en el referendo.
La probabilidad de esta salida rupturista a lo que es ya claramente una declinación progresiva de la fuerza política y de la legitimidad del movimiento lopezobradorista crece al constatar que su plan original de acumulación de fuerzas fracasó. El triunfo abrumador de 2018 tomó a AMLO por sorpresa. No esperaba ganar tan decisivamente, de manera que no aprovechó su momento de mayor fuerza legislativa para avanzar su agenda. En sus planes estaba arrasar en las elecciones intermedias de 2021 y ganar todas las gubernaturas en juego en estos años. Y entonces sí lanzar las reformas nacionalistas-desarrollistas-autoritarias —que guardó hasta ahora— con el apoyo del Congreso y de la Suprema Corte. Al frustrarse ese plan dada su derrota relativa en las elecciones intermedias, al no poder cooptar al PRI por completo en los meses subsiguientes, y ante el evidente fracaso de sus políticas en materia de salud, educación y seguridad y la inviabilidad de sus megaproyectos, se ha diseñado un plan B que implicaría una ruptura institucional, el cual de hecho ya está en marcha dada la abierta violación a las leyes electorales por parte de funcionarios públicos de todos los niveles en los últimos días, que constituyen acciones desesperadas para acarrear votos a un referéndum que a la ciudadanía en general no le dice nada. La flagrante violación a la ley observada en los mítines del fin de semana pasado (que por cierto mimetizan a los mítines priistas de otros tiempos) es una deliberada provocación al INE y al Tribunal Electoral.
Estas muestras de falta de respeto a las instituciones son sólo un ejemplo de un patrón sistemático de gobernanza que se funda en la desinstitucionalización del Estado y el deliberado olvido de la ley. Esta destrucción de un Estado de suyo frágil ha abarcado todas las áreas y ha puesto al ejército en el centro de un nuevo Estado paralelo, cuya cooptación política parece haberse ratificado con la presencia del comandante de la Guardia Nacional en un mitin de apoyo a la ratificación y el uso de uno de sus aviones para el traslado del jefe de campaña del referendo, el secretario de Gobernación Adán Augusto López.
Si esta hipótesis fuera correcta, estamos frente a un momento decisivo, una coyuntura crítica, en la que los actores políticos y sociales, incluidos los miembros y simpatizantes del grupo gobernante, deberán definirse: o siguen obedeciendo/dejando hacer a un partido y un presidente que se han tornado abiertamente autoritarios, o defienden nuestra escasa democracia y mínimos estándares de dignidad republicana. Hay indicadores de que una ruptura al interior del régimen se viene produciendo desde el fracaso electoral de 2021 y la apertura anticipada de la lucha por la sucesión. En este contexto, es necesario buscar una salida institucional a los excesos de un líder que podría haber perdido la cordura política. Dentro de las posibilidades está una alianza circunstancial de los partidos de oposición con una parte del morenismo. La respuesta social puede producirse en la forma de movimientos sociales de resistencia antiautoritaria, que de hecho ya están activos hoy o en ciernes en diversos campos de la lucha social.
Esperemos que el “escenario nuclear” no se actualice. De cualquier forma, el sólo hecho de que exista la posibilidad de que el presidente tome esta dirección debe sonar todas las alarmas.
1 Olvera, A. (coord.), La democratización frustrada. Limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes de derechos, y participación ciudadana en México, México, CIESAS/Universidad Veracruzana, 2010, 545 pp.
2 Olvera, A. J., con la colaboración de Cilano, J. “Las leyes de participación ciudadana en México: proyectos políticos, estrategias legislativas y retos estratégicos en la democratización futura”. Informe de consultoría para Secretaría de Gobernación, diciembre de 2009.
Este texto fue publicado originalmente en el Blog de la revista Nexos. Agradecemos a su autor la autorización para reproducirlo.
