La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para evitar que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) reciban recursos de gobiernos y organismos extranjeros si con ello desarrollan actividades de cabildeo y litigio “en contra de México”.
Cargada de ideología y con clara dedicatoria, la propuesta de la legisladora Celeste Ascencio Ortega busca evitar que Organizaciones No Gubernamentales “promuevan o retrasen cambios legislativos” o bien “interpongan recursos y juicios en contra de las decisiones que afectan los intereses de sus patrocinadores”.
Según el proyecto de la legisladora morenista, “estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”.
La iniciativa sigue la “línea” dictada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el año pasado afirmó que el gobierno de Estados Unidos financia a “organizaciones golpistas” como Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad y Artículo 19, a través de agencias como USAID, la cual también le ha proporcionado financiamiento a varios programas de su gobierno, como el Mecanismo de Extraordinario de Identificación Forense para la búsqueda de personas, que opera la Secretaría de Gobernación.
“Tal como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas organizaciones promueven el ‘golpismo’ y se trata de evidentes actos de intervencionismo que violan nuestra Soberanía Nacional, es totalmente inmoral que gobiernos y empresas extranjeras quieran tener injerencia en la vida nacional”, agrega la propuesta.
La iniciativa busca reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para que las organizaciones que reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras informen al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Gobernación, “desglosando el origen, monto y precisando el porcentaje que constituye de sus ingresos totales”.
Puntualiza también que cuando las ONG’s reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos o corporaciones privadas extranjeras, no podrán realizar labores de “cabildeo legislativo” ni de “litigio estratégico”, y en caso de que contravengan esa disposición, “se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente”.
“A través de este control se evita que las actividades de estas organizaciones se dirijan a influir indebidamente en las leyes mexicanas o que puedan estar judicializando decisiones en contra del gobierno, lo que constituye un claro acto de intervencionismo y neoliberalismo encubierto”, advierte.
