Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que en 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dio al consorcio turístico Vidanta, fundado por Daniel Chávez, la ampliación de una concesión para usar una playa de manera privada por otros 15 años.
Cabe recordar que el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, dio a conocer que sus ingresos los obtiene como consultor legal de un despacho en Estados Unidos, propiedad de los hijos de Daniel Chávez.
De acuerdo con la investigación de MCCI, una segunda aprobación de concesión fue entregada al Desarrollo Marina Vallarta, empresa que pertenece al consorcio turístico, en la playa Boca de Tomates.
De igual manera, una tercera ampliación de concesión fue enviada para una superficie ubicada en Playa Diamante, Acapulco y esta resolución se aprobó el 30 de agosto de 2019.
Asimismo, los documentos consultados por Mexicanos Contra la Corrupción dicen que el vencimiento del permiso era en 2020, pero un año antes de su caducidad fue renovado.
También, el Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta tuvo una nueva licencia de tres mil 888 metros cuadrados en Acapulco, de acuerdo con el resolutivo 116/2020.
Cabe mencionar que a las empresas Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta y RGL Arrendadora de Inmuebles se les dio un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el objetivo de ampliación. En ese sentido, se extendieron partes del Mayan Palace Regency, en los Cabos, Baja California Sur. En octubre de 2020 la delegación de la Semarnat en Baja California Sur autorizó la petición para modificar el Mayan Palace Regency.
Ante esto, Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos, son las ciudades en donde se han refrendado concesiones para empresas pertenecientes a Vidanta. Asimismo, estos movimientos se agregan a la ampliación de una concesión para usar la playa que se ubica en Bahía de Banderas hasta 2035, y que el gobierno otorgó a Vidanta en 2020.
López Obrador resaltó que Chávez no cobra por sus servicios en la supervisión de la construcción del Tren Maya, por lo que no tienen una relación de negocios con él. “Él no tiene ningún negocio con el Gobierno Federal, ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo”.
Sobre esta nueva revelación, respondió que se trata de una «difamación».
