La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes que reabrirá la investigación sobre la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, asesinada en octubre de 2001.

Precisó que la decisión fue tomada luego de que el pasado viernes 21 de enero, la FGJCDMX fue notificada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con la investigación de la muerte de la activista.

El miércoles 19 de enero, la CIDH condenó a México por la deficiente investigación llevada a cabo sobre la muerte de Ochoa y determinó que el Estado mexicano es responsable de graves errores en la indagatoria del hecho ocurrido hace dos décadas, por lo que debe continuar con las pesquisas.

La Fiscalía capitalina recordó que México, como Estado soberano parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, suscribió y ratificó su adhesión a diversos instrumentos internacionales y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte.

En consecuencia, dijo, «la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, instruyó la reapertura de la investigación de la muerte de Digna Ochoa».

Aseguró que para ello adoptará las «mejores prácticas nacionales e internacionales», poniendo al centro a las víctimas «con objetividad, imparcialidad y rigor científico».

Apuntó que ya se han reunido con la familia de Digna Ochoa, así como sus representantes, integrantes de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el fin de dar cumplimiento a los términos señalados en la sentencia de la CIDH.

Además, se acordó dar cumplimiento a la reparación del daño a las víctimas indirectas y reconocer la labor de la defensora de derechos humanos.

Digna Ochoa era una destacada defensora de derechos humanos en México, que participó en investigaciones de alto perfil y su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico el 19 de octubre de 2001, con un disparo en una pierna y otro en la cabeza.

La investigación judicial en México determinó que se trató de un suicidio, pero la acusación contra el Estado asegura que hubo serias irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos corresponden a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en México.

Cuando el asesinato de Digna Ochoa, la Ciudad de México era gobernada por Andrés Manuel López Obrador y el procurador en ese entonces era Bernardo Bátiz. La abogada y activista investigaba violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano.