Llevan caso de Rogelio Franco ante Comisión contra abusos de autoridad en Veracruz del Senado; delito de ultrajes tiene una “dimensión pervertida”, sentencia Dante Delgado

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La Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en el estado de Veracruz, que preside Dante Delgado, denunció ahora el caso del diputado federal electo, Rogelio Franco Castán, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad.

En conferencia de prensa, la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD; y el presidente de la Comisión, Dante Delgado, indicaron que este caso se suma al del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política José Manuel del Río Virgen, y al de un sinfín de veracruzanos.

El titular de la defensa de Franco Castán, Luis Enrique González Lira, afirmó que la detención es un acto arbitrario, injustificado y desapegado al Estado de Derecho. Detalló que no hay ningún elemento jurídico que acredite un riesgo cautelar para que se encuentre tras las rejas, ni existe evidencia o materia probatoria para que se le aplique la prisión preventiva.

Por ello, el senador Dante Delgado hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe conforme a derecho en éste y en los más de 50 casos que la Comisión Especial ha documentado.

En el caso de Franco Castán, puntualizó, se trata de un caso más evidente, pues se trata de un personaje de la vida pública del estado y advirtió que se trata de un procedimiento al margen de la Ley en el que se utilizó el poder público para agraviar a un “personaje notorio de la lucha política del estado de Veracruz y que tiene una dimensión importante”.

“Todos los casos serán claramente documentados”, reiteró, pues “no se trata de agravar o incomodar a ninguna institución sino impedir que haya violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos de la ciudadanía de la entidad”.

Dante Delgado señaló que el de ultrajes a la autoridad es un delito que tiene una “dimensión pervertida”, por lo que es inconstitucional, así como una “acción regresiva y autoritaria, porque basta con que una persona diga que fue ultrajada, sin tener ninguna evidencia, para ser detenido con prisión preventiva”.

El senador Mancera Espinosa informó que hay referencias, en los casos que les han llegado, donde el ultraje a la autoridad se sustenta en casos extremos como un jaloneo. “Increíblemente un delito de esta poca monta, llevó a prisiones justificadas, como en el caso de nuestro compañero Franco”, denunció.

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