Tanto la Barra Mexicana de Abogados (BMA) como la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) deploraron la persecución penal emprendida desde la Cámara de Diputados contra el Instituto Nacional Electoral (INE).
La BMA consideró que “las denuncias en contra de consejeros(as) del INE son un atentado a la autonomía del organismo y la independencia de sus integrantes”.
En ese sentido, condenaron el uso de la justicia penal “para amenazar a miembros de instituciones del Estado mexicano”.
Por su parte, las consejeras y consejeros presidentes de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), rechazaron la “persecución penal y demás acciones de intimidación en contra de quienes integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo de la aprobación de un acuerdo para posponer temporalmente algunas actividades preparatorias de la organización de una eventual consulta de Revocación de Mandato”.
Enfatizaron que en todos los órganos colegiados del Estado mexicano, incluidos los del Sistema Nacional de Elecciones, “las diferencias de opinión y el consiguiente sentido de los votos son un elemento de normalidad democrática”, y si una decisión adoptada por el Consejo General del INE no es compartida por las distintas fuerzas y actores políticos, puede ser impugnada y corresponde a los órganos jurisdiccionales resolver ese diferendo y establecer qué criterio jurídico prevalecerá.
“Es preocupante que las decisiones fundadas y motivadas de un órgano constitucional autónomo pretendan convertirse en una persecución penal, a través de denuncias ante la Fiscalía General de la República. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que en nada abona a la independencia con la que el Consejo General del INE, al igual que todas las autoridades electorales locales jurisdiccionales y administrativas del Sistema Electoral Nacional, valoran y votan los asuntos de su competencia”, sentenció la AIEEF.
