El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció en contra de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal y rechazaron las denuncias penales “contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”.
En el pronunciamiento hecho público este domingo, las consejeras y consejeros del INE manifestaron que las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de sus atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo “cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, en referencia a la decisión de suspender el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador.
“Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.
“Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, sentenciaron.
Subrayaron que en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos y que por encima de las diferentes posiciones que han adoptado sobre ésta y otras decisiones, “rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”.
El pronunciamiento fue suscrito por los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Uuc-kib Espadas Ancona, José Martín Fernando Faz Mora, Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y José Roberto Ruiz Saldaña, y por las consejeras Norma Irene De la Cruz Magaña, Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordan, Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
