La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra del Acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó posponer el proceso de revocación de mandato.
Con ello, se determinó conceder la suspensión del acto reclamado por los Diputados y se ordenó al INE continuar “con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado mil 503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.
La Comisión de Receso de la Suprema Corte está integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat. Ambas propuestas para la SCJN por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tienen fuertes ligas, pues la primera es esposa del constructor José María Rioboó, el principal contratista de obra pública de la Ciudad de México cuando la gobernó López Obrador; la segunda, formó parte de la actual administración federal como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
INE acata el fallo y esperará la determinación de fondo
Por su parte, el INE informó que acatará la decisión en sus términos, y que “se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana”.
En un comunicado, el órgano electoral manifestó que la determinación comunicada este jueves por la SCJN “tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto”.
“La determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de Revocación de Mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales.
“Así como el señalamiento del artículo 41 que determina la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior, es decir más de 161 mil casillas, cuya integración sea por parte de ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas receptoras en los términos que determina la ley”, puntualizó el INE.
El árbitro electoral precisó que estos mandatos de ley suponen una inversión de tres mil 830 millones de pesos, los cuales fueron programados en el Proyecto de Presupuesto entregado por el INE, ante la posibilidad de que se cumplieran los requisitos y se convocara el ejercicio de Revocación de Mandato.
“Sin embargo, la Cámara de Diputados realizó un recorte de cuatro mil 913 millones de pesos, lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana. Hasta el momento, el INE solo cuenta con mil 503 millones de pesos para organizar la Revocación de Mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos”, subrayó.
