Quebradero

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El decreto y el “voy derecho y no me quito”

Por Javier Solórzano Zinser

En algún sentido el Presidente viene gobernando casi desde que ganó la elección. Entre que Peña Nieto abandonó la plaza sabiéndose responsable del tiradero y que quería echar a andar su proyecto, entró virtualmente en funciones a la siguiente semana de la elección.

La desaseada consulta sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue la primera de varias acciones que llevó a cabo sin que hubiera tomado posesión.

Al Presidente le ha ganado desde el inicio la prisa. Quiere cambiar al país en menos de seis años y como se ha visto a menudo no le importan mucho las formas. Parte de su legitimidad y de lo que representa para tomar decisiones, las cuales llegan a pasar por encima del Estado de derecho.

Parte también de que su proyecto merece apoyo, por lo cual debe ser instrumentado sin importar el papel que juegan las instituciones que dan forma a la democracia que nos rige.

Estamos como sociedad bajo un inquietante momento con el Presidente. Pocos como él han ganado las elecciones de manera tan contundente, pero eso no lo hace en automático representante y voz única del “pueblo”.

Somos una sociedad diversa en la que su fortaleza, contradicciones y definición radica precisamente en que somos diferentes, siendo el reto constante la convivencia en la diversidad. Se gobierna para todos sin importar el signo político de los ciudadanos, la confrontación bajo la cual hemos vivido desde tiempo atrás, la cual alienta el Presidente, nos ha colocado en una polarización que dejará secuelas.

Las reglas del juego han sido construidas a lo largo de muchos años. Forman parte de importantes luchas políticas las cuales han encontrado a través de la construcción de instituciones el desarrollo de la democracia. La sociedad ha luchado por dejar atrás formas que concentraron el poder buscando nuevas dinámicas que tienen en la rendición de cuentas, la transparencia, la representatividad y la participación ciudadana sus ejes.

La prisa del gobierno muchas veces ha ido aparejada de una concepción unilateral de las cosas. Todos los planteamientos e ideas distintas son señaladas como estrategias de los adversarios. Se les califica sin siquiera escucharlos y la crítica se ha convertido en un estorbo, siendo esencial en la vida y la gobernabilidad.

El decreto con que se blindan las obras de gobierno tiene que ver con esto. Por un lado, están las prisas del Presidente para poder terminar sus obras en tiempo como lo ha prometido, ante lo cual no parece importar la transparencia, rendición de cuentas y licitaciones, elementos propios de la lucha de años en favor de la apertura y obligación que tienen los gobernantes.

Las tres obras emblemáticas han enfrentado amparos y protestas que las han ido retrasando. En algunos casos no se soslaya que de por medio están intereses políticos, pero en muchos otros casos también está la defensa del medio ambiente, la transparencia y la rendición de cuentas.

El Presidente no puede generalizar. No tiene sentido que ataque a los ambientalistas y que vea a todos bajo el mismo rasero. Tampoco tiene razón de ser que pase por alto que las críticas al decreto van de la mano de una genuina preocupación de diferentes sectores de la sociedad que defienden el Estado de derecho.

Las prisas son entendibles, el problema ya está siendo el costo de ellas. Si el Presidente quiere transformar al país en seis años deberá saber y entender que hay muchas cosas que requieren de un proceso que necesitan tiempo para instrumentarse, el cual fortalece sus proyectos y la gobernabilidad.

El decreto acabará siendo un capítulo más del “voy derecho y no me quito”.

RESQUICIOS

Nos dice Javier Oliva, profesor de la UNAM, que hay antecedentes en los que titulares de la Sedena han pedido y refrendado su apoyo al gobierno en turno. La diferencia está en que no existen referencias de un apoyo tan abrumador y de una relación tan estrecha entre las Fuerzas Armadas y el Presidente.

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