El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 4.5 millones de pesos a Morena por la retención ilegal de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del DIF municipal del Ayuntamiento de Texcoco que ordenó Delfina Gómez cuando fue alcaldesa de esa demarcación, entre 2013 y 2015, para pagar a operadores de su Movimiento.
Durante la discusión, los consejeros electorales calificaron la retención de la ahora Secretaria de Educación Pública como una práctica vergonzosa, inmoral, inadmisible y antiética.
La Unidad de Fiscalización comprobó que de 2013 a 2015 se retuvo el 10 por ciento del sueldo a al menos 472 trabajadores del DIF Municipal para sumar 12.9 millones, los cuales, según testimonios de los empleados, eran para el Grupo Acción Política (GAP), liderado por el senador Higinio Martínez, encargado de brindar apoyo a comunidades y a adultos mayores.
Los recursos se entregaron a María Victoria Anaya, empleada de confianza de Gómez, y a Sara Rosas, quien laboraba en la Dirección de Administración Municipal.
Sin embargo, solo se confirmó que dos millones 114 mil pesos se canalizaron a dos proveedores de Morena, por lo que la multa se aplicó únicamente por dicho monto.
«En la izquierda en la que yo vengo esto es una cosa gravísima. No estamos hablando de cualquier recurso ilegal, estamos hablando de dinero que se les quitó a los trabajadores y me parece que eso es algo que hay que recordar», afirmó el consejero Uuc-Kib Espadas.
Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, lamentó que debido a que la mayoría de esos recursos se retiraron en efectivo, como sucedió con el «Pemexgate», no se logró seguir el rastro.
La consejera Carla Humphrey pidió sumar al dinero recibido por dos proveedores, un cheque a favor de Marcos Ramos, líder municipal de Morena en ese periodo, así como 130 mil pesos por concepto de traslado de personas a diversos eventos de ese partido, por lo que la multa pasó de 4.2 a 4.5 millones.
Se dio vista al Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que investiguen si existen otras conductas ilegales.
