Para “enjuiciar” basta con aplicar la ley y garantizar justicia
Por Mónica Camarena Crespo
El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene un deseo de justicia real, de llevar hasta las últimas consecuencias por las vías legales a los ex presidentes de México. Lo sabe, pero prefiere engañar al pueblo y seguir “jugueteando” con la arenga del combate a la corrupción.
La Consulta Popular del 1 de agosto es simple y llanamente una tomada de pelo, pero con altísimos costos; en el político, se trata de un gran distractor de los grandes problemas que enfrenta el país a raíz del gobierno de la 4T, empezando por las cifras de mortalidad que ha dejado la pandemia y la lenta, muy lenta vacunación en México.
En cuanto al gasto de la Consulta Popular impuesta desde la presidencia y organizada a “regañadientes” por el INE (no había presupuesto programado para dicho ejercicio) este se elevó en más de 500 millones de pesos.
Pero los gobiernos de MORENA ya recibieron la instrucción presidencial de sacar “dineritos” para promover la Consulta en sus respectivos pueblos; en Veracruz por ejemplo, es descarada la forma como el gobierno del estado invierte en “bodrios” para llamar a la gente a que participe en esta engañosa consulta.
Mal hechos e irresponsables como son en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, no les importó poner en riesgo a la población, al convocar a mítines para promover la Consulta Popular; en Xalapa con semáforo epidemiológico en rojo, realizaron actos multitudinarios sin importar las restricciones por la pandemia.
La Consulta Popular con una pregunta indescifrable es un ejercicio más de propaganda para MORENA y la 4T; sí hubiese el deseo de “enjuiciar” a ex presidentes podrían empezar por Enrique Peña Nieto, el más reciente. Sin embargo a Peña, no le tocan ni con el pétalo de una rosa, como si hubiese un acuerdo o blindaje por los servicios prestados, los dineros invertidos y el respeto al triunfo de AMLO en 2018.
Para que sea válida la Consulta Popular, tendrán que votar como mínimo, el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, de no alcanzar ese porcentaje, los más de 500 millones de pesos se irán a la basura.
Quienes no sean obligados a participar en la Consulta Popular, podrán no acudir y así, no ser cómplices de una de las tomadas de pelo más grandes en la historia de México, porque para “enjuiciar” a cualquier actor político del pasado, solo se requiere de un proceso judicial y en este sentido, lo han dicho expertos “La justicia no se consulta”.
@monicamarena
