El juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa ordenó mantener los derechos y beneficios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a más de cien universidades privadas que fueron excluidas de los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El juzgado concedió la suspensión en un amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que impugnó la reforma al Reglamento del SNI por la cual más de mil 600 investigadores y científicos de universidades privadas fueron descartados de acceso a estos fondos.
«Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados solicitada por los quejosos para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas», ordenó el juzgado.
El Conacyt puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado de circuito, que tendrá 48 horas para resolver. El próximo 22 de junio, el juzgado resolverá si concede una suspensión definitiva que obligaría al Conacyt a no retirar los beneficios económicos y académicos que otorgaba a los investigadores de universidades afiliadas a la FIMPES, como el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, el ITESO, las universidades Anáhuac, Iberoamericana, de las Américas, Panamericana, La Salle y la Autónoma de Guadalajara, entre otras.
(Con información de Reforma. Fotografía: Cuartoscuro
