Abierta injerencia presidencial en proceso electoral

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A poco más de dos semanas de que se celebren las elecciones, el gobierno federal se entrometió abiertamente en los comicios del estado de Nuevo León, donde la candidata de Morena, Clara Luz Flores, se desplomó en las preferencias tras revelarse que mintió sobre su relación con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM.

La noche de este lunes, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se abrieron carpetas de investigación en contra de los candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos de la coalición Va fuerte por Nuevo León, y Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano.

En el caso del candidato del PRI-PRD, es por la supuesta compra y coacción del voto y por el ofrecimiento de la llamada “tarjeta rosa” a cambio del sufragio femenino.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) abrió la carpeta de investigación en “respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas”, advirtiendo que se trata de una conducta que implica prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la reforma a la Constitución que considera graves los delitos electorales.

En el caso del candidato del Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda -puntero en las encuestas en su estado-, la FGR detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lo investiga a él y a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, así como a su padre Samuel Orlando García Mascorro y a su suegro Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.

La investigación señala que se detectaron aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

En su “mañanera” de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a entrometerse en el proceso, al declarar que “yo apoyo la decisión de la FGR, aquí lo denuncié, porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada”, afirmó.

Esta celeridad contrasta con la total inacción del gobierno de López Obrador en casos como las aportaciones de dinero ilegal a su hermano Pío, el enriquecimiento inexplicable del director de la CFE Manuel Bartlett y de la secretaria de la Función Pública Irma Sandoval, y su negativa a ahondar en la posible corrupción que provocó el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

(Fotografías: Excélsior)