En su edición de esta semana, la revista Proceso publica un reportaje en el que se denuncia que la corrupción –fenómeno que el presidente López Obrador denuncia como propio de los gobiernos neoliberales–, invade los programas sociales que su administración considera prioritarios.
En el reportaje titulado “Superdelegados y bienestar: la corrupción del presente”, de la autoría del reportero Arturo Rodríguez García, se señala que hasta septiembre pasado se habían acumulado cuatro mil 583 denuncias por irregularidades en el uso de recursos públicos contra funcionarios de la Secretaría del Bienestar, “superdelegados” y “servidores de la Nación”.
Además, la Auditoría Superior de la Federación “observó una serie de irregularidades y promociones de responsabilidad en el ejercicio fiscal 2019, las cuales representaron fallas estructurales e ilegalidades en el cumplimiento de disposiciones de ley, como la integración de un padrón único, la operación de los llamados “servidores de la Nación” y un boquete financiero de cerca de 900 millones de pesos que no ha sido solventado, de acuerdo con una solicitud de información realizada por Proceso a la SFP”.
El asunto ha motivado ajustes en el gobierno federal; entre estos, la salida de Gabriel García Hernández de la Coordinación General de Programas de Desarrollo, estructura creada este sexenio para concentrar en la Presidencia el mando de la política social en coordinación con la Sebien”, se subraya en la pieza periodística.
En el reportaje se narra también como coordinadores estatales de los Programas del Bienestar como Pablo Amílcar Sandoval –ex aspirante a la gubernatura de Guerrero, diputado federal de Morena y hermano de la ex secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval- e Indira Vizcaíno Silva –gobernadora electa de Colima, también de Morena- utilizaron los programas sociales para su promoción política personal.
