Por Johanna Cilano
A tres meses de las más significativas protestas —en número de participantes y extensión territorial— en los últimos sesenta años, Cuba tiene varios cientos de ciudadanos en cárceles, más otros varios cientos en prisión domiciliaria, esperando juicio, o con limitaciones de movimiento. Miles de familias viven en angustia, desesperadas, entre el miedo, la impotencia y el silencio. Junto a la represión directa, se mantiene un acoso permanente sobre activistas, artistas críticos, disidentes, opositores; también sobre sus parientes y amigos. Continúan los cortes selectos de internet, procurando acallar una esfera pública virtual cada vez más plural y activa, que abandera hoy la discusión sobre la realidad nacional. El objetivo es claro: silenciar e, incluso, expulsar cualquier germen de ciudadanía crítica, así como impedir su articulación.
Durante los últimos tres meses, el aparato propagandístico del régimen cubano ha mantenido una permanente campaña mediática de descalificación, estigmatización y violencia contra los participantes en las protestas. Como antaño hicieran las dictaduras sudamericanas de seguridad nacional, se cuestiona la legitimidad del ejercicio del derecho de asociación, manifestación y expresión. Se criminaliza la protesta con la imposición de duras condenas y su difusión mediática como disciplinamiento ejemplarizante. Las cifras con las que contamos (más de 1000 personas detenidas y procesadas) provienen del trabajo, anónimo y colaborativo, de redes ciudadanas. El Gobierno no ha entregado cifras oficiales sobre los detenidos. Familiares y activistas denuncian cambios en la calificación de los delitos y aumento ad hoc en las sanciones.
El Gobierno organiza giras de los dirigentes por barrios pobres, racializados y marginalizados, donde hubo las mayores protestas. Puestas en escena, acompañadas de medidas de beneficio social como el arreglo de calles y la atención a problemas largamente postergados, donde destacan las caras sudorosas y serias de los casi siempre ancianos participantes. Han realizado encuentros con sectores leales: grupos de estudiantes, artistas, colectivos de la diversidad, mujeres. En cada caso, la misma escenificación teatral: falta de espontaneidad, discursos ensayados, tomas cerradas. También una escenografía similar: la jerarquía mal disimulada entre el poder y una ciudadanía peticionaria, representada por las organizaciones autorizadas, las únicas con derechos a existir. Domina el teatro la ausencia de reivindicaciones, la aquiescencia con el poder —disfrazado de defensa de la Revolución— y la condena al bloqueo.
Fuera de las pantallas de los medios de prensa y propaganda oficiales, la sociedad cubana ya no es la misma. Se han creado y consolidado redes informales de solidaridad. Grupos y colectivos de ayuda a víctimas. Espacios virtuales de debate y reflexión. Vemos jóvenes descubriendo la política, emigrados recuperando su sentido de ciudadanía. La urgencia de hablar de Cuba, explicar Cuba y la posibilidad de imaginar un país han embriagado a una ciudadanía que vivió, aunque sea por espacio de un par de días, la experiencia masiva de la libertad pública. El Movimiento #Justicia11J, un grupo de jóvenes que a través de redes sociales intenta dar nombre, cara e historia a los presos políticos sometidos a tan precarias condiciones de existencia, acompaña a familiares, denuncia atropellos e ilegalidades. Reclama justicia, sin personalidad jurídica, sin derecho a existir, con el silencio ensordecedor de organismos internacionales, en medio de cuestionamientos, ataques e invisibilidad.
Hace unas semanas se anunció una nueva acción cívica: la realización de una marcha en reclamo del cese de la violencia y la libertad de los presos políticos. La iniciativa la firma un colectivo plural aglutinado alrededor del grupo Archipiélago, coordinado por Yunior García, dramaturgo e integrante del movimiento artístico que ha generado otras acciones en el último año. La convocatoria se ampara en derechos reconocidos por la Constitución de 2019. La iniciativa es replicada en varias localidades a lo largo de la Isla, se notificó a las autoridades la fecha, hora, ruta y objetivo de la marcha.
La respuesta del régimen cubano es la de siempre. Detención de activistas, campañas de descalificación en medios, acusaciones de mercenarismo e injerencia norteamericana. El anuncio, en días recientes, de una jornada de ejercicios militares para los días previos y la fecha señalada por la convocatoria, el próximo 20 de noviembre. Por último, la negativa del Gobierno a la realización de la marcha, por considerarla ilícita y desestabilizadora.
El poder niega la licitud del reclamo cívico. Subordina a la disputa con Estados Unidos el ejercicio de los derechos de su población. Desconoce cualquier legitimidad al reclamo de inclusión y ejercicio de derechos políticos. Pareciera que después de sesenta años de Revolución los cubanos siguen siendo simples marionetas de intereses extranjeros. No se les otorga credibilidad, capacidad de descernimiento, agencia. No importa cuándo sea, no importa cuántos sean. El discurso y praxis del autoritarismo cubano niega la posibilidad misma del disenso.
@CilanoJohanna
La autora nació en La Habana, en 1982. Es abogada y politóloga. Investigadora posdoctoral UNAM ENES León.
Este artículo fue publicado originalmente en Reforma el 13 de octubre de 2021. Agradecemos a la autora su autorización para reproducirlo.
