Un tribunal federal confirmó hoy una multa de 543 millones de pesos e inhabilitación por tres años, impuestos a la empresa brasileña Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional, por mentir en uno de los contratos que Pemex Refinación le adjudicó de manera directa en el sexenio pasado.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó argumentos de la empresa para impugnar la sanción, dictada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en abril de 2019.
El contrato del que derivó la sanción, por mil 811 millones de pesos, fue adjudicado en 2015 para la construcción de accesos y obras externas del proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería de Tula, uno de varios que la firma brasileña obtuvo luego de pagar presuntos sobornos por más de 10 millones de dólares al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
El magistrado Carlos Mena Adame explicó hoy que el 5 de diciembre de 2016, al firmar con Pemex un convenio modificatorio de este contrato, Odebrecht declaró que contaba con todos los permisos y autorizaciones necesarios para la obra.
Sin embargo, la constructora no tenía aún el registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mismo que solicitó hasta el 25 de mayo de 2017.
La Sala Superior del TFJA consideró por unanimidad que la SFP sí fundó y motivó correctamente la sanción, que fue impuesta con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, una norma que solo estuvo vigente durante cuatro años.
Odebrecht puede impugnar el fallo de hoy mediante un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.
Según los registros de la SFP, esta es una de dos sanciones administrativas contra Odebrecth que están vigentes.
La otra, que es una inhabilitación por tres años, pero sin multa, también fue publicada en abril de 2019, y fue impuesta a Constructora Norberto Odebrecth, otra filial del mismo grupo.
Más allá de los sobornos a Lozoya, la constructora ha negado haber incumplido con sus obligaciones, e incluso en enero de 2019 demandó a Pemex por la vía mercantil el pago de mil 819 millones de pesos, por trabajos no pagados, costos financieros y daños y perjuicios, derivados del contrato para obras del proyecto de aprovechamiento de residuales, que fue rescindido por la empresa estatal.
