En lo que resultó ser la primera escaramuza de la nueva Cámara de Diputados, el bloque oficialista de Morena y sus aliados aprobó la madrugada de este jueves la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que blinda al Presidente de la República.
La nueva norma coloca en un estado de excepción al Presidente de la República, al requerirse de mayoría calificada en el Senado para que proceda el juicio político en su contra.
Además, se establece que en el caso de juicio político, los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, los diputados locales y magistrados de tribunales locales se comunicarán a las legislaturas locales para que procedan según lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, imponiendo la decisión de San Lázaro para que sea acatada por los congresos locales, vulnerando su autonomía y soberanía.
Asimismo, establece que bastarán “datos o indicios suficientes” para sustentar la existencia de un posible delito. Y, en caso de que los elementos estén en posesión de una autoridad, la Comisión Jurisdiccional podrá solicitarlos a petición del denunciante.
El nuevo ordenamiento, que sustituye a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue aprobado tras una larga discusión durante la primera sesión ordinaria de la LXV Legislatura, con 266 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 205 en contra de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. El documento se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
