Eusebia Cortés Pérez reconoció ante diputados locales que varios de sus familiares trabajaron en la dependencia y aseguró que ya fueron dados de baja. Legisladores cuestionaron sus explicaciones, exhibieron registros de salarios y exigieron investigar posibles actos de nepotismo.
La secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, Eusebia Cortés Pérez, reconoció públicamente que tuvo a varios de sus sobrinos en la nómina de la dependencia estatal y ofreció disculpas durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, aunque no explicó quién autorizó las contrataciones ni cuáles fueron los procedimientos utilizados para incorporar a sus familiares al servicio público.
La admisión ocurrió este viernes, durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García, cuando legisladores de oposición cuestionaron a la funcionaria por señalamientos de presunto nepotismo, irregularidades en los padrones de beneficiarios de programas sociales y falta de información sobre los resultados de la dependencia.
“Lo acepto y si hay que pedir disculpas, pido disculpas”, expresó Cortés Pérez, quien sostuvo que sus familiares trabajaron como facilitadores al inicio de la administración estatal, pero que dejaron sus puestos hace cuatro o cinco meses.
La funcionaria defendió las contrataciones al asegurar que sus parientes sí cumplían con sus responsabilidades y no recibían un salario sin trabajar.
“Estaban trabajando, eso sí, trabajando, desquitando el sueldo, no de niños bonitos, porque tampoco se heredan los espacios. Los espacios se ganan”, afirmó.
Sin embargo, la secretaria no presentó durante su intervención documentación que acreditara las bajas de sus familiares, ni explicó qué medidas se adoptaron para prevenir posibles conflictos de interés.
Los cuestionamientos fueron planteados por las diputadas María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, y Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, quienes exigieron conocer las circunstancias en que familiares de Cortés Pérez ingresaron a la dependencia.
Por su parte, el diputado Héctor Yunes Landa exhibió información sobre personas identificadas como sobrinos de la secretaria que aparecían en los registros de personal de Sedesol. Entre los señalados se encuentran Nelson Rockefeller López Cortés y Sergio Iván Coleaza Cortés, quienes figuraban como analistas administrativos con remuneraciones mensuales de aproximadamente 19 mil 258 y 20 mil 258 pesos, respectivamente, de acuerdo con registros correspondientes al tercer trimestre de 2025.
Ambos habían trabajado anteriormente como asistentes legislativos cuando Eusebia Cortés se desempeñó como diputada local, entre 2021 y 2024.
También fue mencionada Uma Freya Cortés Román, identificada como sobrina de la funcionaria, quien ocupó un cargo en el área de Recursos Materiales de la Secretaría de Desarrollo Social. Los registros corresponden a un periodo en el que Cortés Pérez ya formaba parte de la administración estatal como subsecretaria de Desarrollo Regional, antes de asumir la titularidad de Sedesol.
Yunes Landa ironizó sobre la cantidad de personas con el apellido Cortés dentro de la dependencia y propuso que se le denominara “Secretaría de la Cortesía”.
El legislador también cuestionó la afirmación de que los familiares ya no trabajaban en la institución, al señalar que durante la comparecencia encontró registros de personal que, según su interpretación, contradecían esa versión.
Las explicaciones de la funcionaria no resolvieron las preguntas centrales de los diputados: quién autorizó sus nombramientos, qué criterios se utilizaron para seleccionarlos y si existió alguna intervención suya en su incorporación. Tampoco quedó acreditado durante la comparecencia si la Contraloría General del Estado había realizado alguna investigación sobre las contrataciones.
Los legisladores de oposición solicitaron que se revisen los expedientes laborales y se determine si existieron violaciones a las disposiciones sobre responsabilidades administrativas y conflictos de interés.
Cuestionan padrones de programas sociales y posibles cobros indebidos
La comparecencia también estuvo marcada por cuestionamientos sobre el manejo de los programas sociales del gobierno de Rocío Nahle.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz señaló presuntas inconsistencias entre los 37 mil 195 apoyos reportados por Sedesol y la información disponible en los padrones públicos del programa Apoyo a la Palabra.
La legisladora advirtió sobre posibles duplicidades y una concentración de apoyos en determinados municipios, particularmente Veracruz y Boca del Río, que consideró necesario esclarecer ante las sospechas de utilización electoral de los recursos.
Cortés Pérez rechazó que existieran beneficiarios duplicados y negó que personal de la dependencia exigiera pagos o comisiones a cambio de entregar los apoyos.
Sin embargo, reconoció que trabajadores territoriales permanecen en las inmediaciones de las sucursales bancarias donde los beneficiarios cobran los recursos, aunque aseguró que su presencia responde exclusivamente a labores de acompañamiento y control documental.
La secretaria también negó que los programas sociales sean utilizados con fines partidistas y sostuvo que no permitirá el desvío de recursos ni de personal hacia actividades políticas.
Otro de los señalamientos de los legisladores fue la insuficiencia de indicadores para evaluar los resultados de la política social del gobierno estatal.
Diputados cuestionaron que la presentación de la funcionaria privilegiara fotografías y actividades institucionales sobre información que permitiera conocer cuántas personas mejoraron sus condiciones de vida como resultado de los programas aplicados.
Cortés Pérez reconoció que no contaba con algunos datos precisos solicitados durante la comparecencia y se comprometió a proporcionar información adicional en un plazo de 48 horas.