Por Mariana Calderón Aramburu
Para Morena, al parecer, nunca es necesario hacerse responsable. Si algo sale bien, es mérito de la transformación. Si sale mal, siempre hay algún expresidente, un neoliberal o un personaje a quien pasarle la factura.
Llevan ocho años en el poder y siguen aplicando la misma fórmula y cada vez con menos pudor. Como si no tuviéramos memoria. O, peor, como si les creyéramos todo.
En 1986, el politólogo R. Kent Weaver publicó el artículo The Politics of Blame Avoidance. Explicó que los gobernantes suelen invertir más esfuerzos en evitar ser responsabilizados que en recibir reconocimiento por sus aciertos. Entre las estrategias que identifica están buscar chivos expiatorios y trasladar los costos políticos a otros. Más de tres décadas antes de la llamada cuarta transformación, Weaver ya había descrito uno de sus métodos favoritos de gobierno.
La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) ofrece una demostración didáctica. Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de señalamientos por posibles conflictos de interés e irregularidades en contrataciones, la presidenta Claudia Sheinbaum, para deslindar a su partido, culpó a Lorenzo Córdova, a los antiguos consejeros electorales y, por si faltaba algún responsable, a la tómbola mediante la cual fue designada Taddei.
No importa que los videos difundidos exhiban la estrecha relación personal de Taddei con un contratista, los viajes de sus hijos en compañía de ese empresario o las conversaciones sobre el presunto reparto de ganancias derivadas de contratos públicos. Tampoco importa que durante su gestión se hayan hecho nombramientos unilaterales de titulares de órganos administrativos o se haya removido a integrantes del Servicio Profesional Electoral.
¡Todo es culpa de Lorenzo, de los exconsejeros y de la tómbola! Esas explicaciones solo funcionan si se parte de que los ciudadanos somos tontos.
Ahora resulta que nadie tiene nada que aclarar. La responsabilidad es del pasado, del procedimiento o de cualquiera que no forme parte del movimiento.
Otro ejemplo de cómo usan una institución del Estado para favorecer intereses particulares y redes de relaciones personales, empresariales y políticas. La estrategia ha sido ocupar instituciones, colocar personas afines, concentrar facultades, debilitar contrapesos y convertir estructuras que deberían servir a la ciudadanía en instrumentos al servicio de determinados grupos de poder.
El caso del INE exige investigar hasta dónde pudieron extenderse esas redes, quiénes se beneficiaron y qué vínculos políticos las protegieron. Particularmente, si existieron relaciones con personas o intereses cercanos a Morena.
Lo verdaderamente extraordinario es que Morena siga comportándose como si fuera una fuerza ajena al poder. Como si no hubiera nombrado funcionarios, impulsado reformas, construido mayorías y acumulado atribuciones. Como si las instituciones se hubieran capturado solas y los beneficios se distribuyeran por generación espontánea.
Aquí cobra sentido la tesis de Weaver. Cuando evitar la culpa se convierte en prioridad, las explicaciones sustituyen a las responsabilidades. Y cuanto más poder se concentra, más absurda resulta la pretensión de atribuir sus consecuencias exclusivamente a otros.
La honestidad no se demuestra repitiéndola en conferencias de prensa, sino investigando incluso a los propios. De poco sirve denunciar la corrupción del pasado si se tolera que las instituciones del presente puedan convertirse en instrumentos de beneficio privado.
Después de ocho años, repartir culpas ya no es una estrategia novedosa; es una forma cada vez más burda de subestimar a la ciudadanía. Quizá convendría recordarles a quienes gobiernan que los mexicanos podemos reconocer quién ejerce el poder y distinguir una investigación de una excusa.
Porque no se puede pretender controlar todas las instituciones y, cuando algo sale mal, hacer como si la culpa siempre fuera de otros.
