Por Brenda Valderrama
Poco antes de asumir la titularidad del consejo en octubre de 2018, Elena Álvarez-Buylla criticó en una entrevista para El Universal que “el gasto en ciencia no es suficiente”. En ese momento —señaló— el país enfrentaba retos enormes heredados de 36 años de políticas con una visión economicista. Aseguró que se requería una mejor coordinación entre los actores receptores de fondos para eficientar el gasto y urgió a incrementar de manera sustancial la participación de la inversión privada.
Un año después y ya durante su gestión, reconoció que el presupuesto asignado al Conacyt había sufrido un recorte de al menos dos mil millones de pesos. En su mundo de fantasía, ese recorte se iba a compensar con la eliminación de gastos superfluos. Desafortunadamente para la comunidad científica, esos gastos superfluos resultaron ser los fondos para investigación y los que aseguraban la operación de los Centros Públicos de Investigación (CPIs).
En un momento crítico —a mediados de 2019— el recorte llegó a tal nivel de surrealismo que los investigadores de los CPIs tenían que pedir permiso al presidente López Obrador para ir a un congreso internacional. Esa situación quedó ampliamente documentada y fue la semilla de lo que, con el tiempo, se convirtió en el único contrapeso a los desvaríos de la directora del Conacyt con H dentro del sistema científico: el Colectivo ProcienciaMx.
El castigo a los CPIs no se detuvo con eso, año con año se les siguió recortando presupuesto hasta llegar al extremo que algunos de ellos tuvieron que reducir sus horarios laborales para poder solventar gastos tan básicos como el pago del consumo eléctrico.
Por desgracia, no mejoró su situación con el cambio de sexenio. Este año los CPIs registraron uno de los presupuestos más bajos de su historia, con un recorte adicional de dos mil millones de pesos con respecto al 2025. Para el 2027 recibirán un aumento de un 9 %, insuficiente para recuperar ni siquiera el nivel de hace dos años. Esto contrasta con el aumento general al ramo, que será de un 13 % lo que evidencia, además, asimetrías en cuanto a la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Ciencia. Con respecto a los fondos para investigación y previo a la extinción de los fideicomisos del Conacyt, su directora defendió durante una comparecencia ante el Congreso de la Unión la reforma legal de la institución y la centralización del dinero, argumentando que los cambios presupuestarios buscaban «recuperar la rectoría del Estado» sobre la política científica nacional. Mencionó que las modificaciones en la asignación de recursos tenían como fin acabar con lo que catalogó como «huachicoleo» o desvío de fondos de investigación, para redireccionarlos hacia la resolución de problemas nacionales prioritarios.
La extinción de los fideicomisos para la investigación provocó la desaparición de más de 24 mil millones de pesos reservados para la atención de problemas sectoriales. Esos recursos no han sido repuestos hasta la fecha.
El daño se agudiza
Al término de su gestión, Elena Álvarez-Buylla heredó un sistema científico depauperado, con inconformidades dentro de los CPIs y protestas sistemáticas de grupos como los Investigadores por México, programa al que le cambió de nombre como una artimaña legal para despojarlos de sus derechos laborales.
Pero con todo, el mayor daño que le hizo Elena Álvarez-Buylla al sistema científico fue el desmantelamiento institucional del Sistema Nacional de Investigadores ahora llamado “Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores” (SNII). Este desmantelamiento se dio en tres dimensiones.
La primera es la legal, desconociendo a los representantes de la comunidad científica en el Consejo de Aprobación del SNI y aprovechando ese acto para rediseñar el sistema, cambiando los criterios de evaluación de manera discrecional y retroactiva, y eliminando de los órganos de toma de decisión la representación de la comunidad.
La segunda es la organizacional, disolviendo los comités de evaluación y las comisiones dictaminadoras expertas y reponiéndolas con comisiones integradas por sorteo, desvinculadas y sin mecanismos de homologación de criterios.
La tercera es la presupuestaria, la eliminación de las instancias de control interno le permitió a la directora relajar los criterios de aceptación para el SNI sobrecargando una nómina que para este año alcanza los 12 534 millones de pesos. Una de las consecuencias de dicho relajamiento fue que el segmento de investigadores eméritos se quintuplicó (ver Gráfica 1). Los investigadores eméritos obtienen la distinción y el apoyo económico asociado de manera vitalicia, actualmente hay 932 integrantes de esa categoría con una carga presupuestaria de 558 millones de pesos al año.
A esta carga presupuestaria se suman las extensiones de la distinción por quince años que se otorgaron a partir de 2014 de manera automática a todos los integrantes del SNI que cumplieran 65 años de edad con 15 años de antigüedad en el Sistema. En estos últimos años se comenzaron a rigidizar los criterios de asignación y ya se solicita que el integrante esté en proceso de jubilación para poder optar por la extensión. Actualmente esa categoría comprende 2,395 integrantes con una carga adicional a la nómina del Sistema por 874 millones de pesos al año. Sumadas ambas nóminas, la de eméritos y la de extensiones, representan casi el 9 % de la nómina total que alcanzaría para becar 5 500 investigadores jóvenes más.
Ante este escenario, el incremento de 111 % que se anunció en el Proyecto de Presupuesto 2027 debe tomarse con extrema precaución. Ese incremento a la Secretaría de Ciencia —que heredó las funciones del Conacyt – no impactará sus funciones sustantivas que son el SNI, becas de posgrado y convocatorias para ciencia básica (este año se aprobaron sólo 245 proyectos en todo el país), sino que será asignado a 13 proyectos estratégicos seleccionados de modo arbitrario entre los que se encuentra el vehículo Olinia; Kutsari, la red nacional de semiconductores; Coatlicue, la supercomputadora de alto rendimiento; Ixtli, el programa satelital mexicano; Quetzal, la fabricación de drones de alta tecnología; entre otros.
Si aspiran a convertir a México en una potencia científica real no puede ser por decreto, sin presupuesto para la investigación básica, sin apoyos para investigadores jóvenes, sin incentivos para la inversión privada y de espaldas a la industria, sino que tendría que comenzar por reparar los daños infligidos en los últimos años al sistema científico mexicano desde la base. Y en la base se encuentra la Ley de Ciencia promulgada en 2023.
Actualmente la Secretaría de Ciencia opera en la ilegalidad. La Ley de Ciencia además de lesiva es anacrónica, ya que representa un sistema científico anclado en el Conacyt como organismo descentralizado y no en una secretaría de estado. Esta distorsión debilita el carácter rector de la Secretaría de Ciencia a nivel nacional, reduciendo su margen de maniobra. Todo esto en el marco de la resolución de acciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia —dadas a conocer apenas el lunes 19 de octubre— que las declaró infundadas para mantener vigentes las disposiciones que priorizan los estímulos económicos para las personas adscritas a instituciones públicas al SNII, con lo cual se valida la discriminación hacia el personal académico de las instituciones particulares.
Pretender reconstruir el sistema científico sin reponer la Ley de Ciencia del 2023 es un despropósito. Ese debiera ser nuestro objetivo estratégico como sector, construir una agenda legislativa propia para que, con la más amplia participación posible, incidamos en una nueva versión de la Ley.
Investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM
Este texto fue publicado originalmente en el blog de Nexos. Agradecemos a la autora por permitir su reproducción en La Clave
